Almunia, un hombre sin piedad ante los astilleros: no cede y exige devolver las ayudas

La Nube / 12 julio 2013

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, rechazó ayer los argumentos del los representantes del Gobierno español, de los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y el País Vasco, de los astilleros y de los sindicatos, e insistió en que deben devolverse las ayudas públicas ilegales concedidas para la construcción de buques del 2005 al 2011. La Comisión Europea tiene previsto dictaminar formalmente el próximo 17 de julio que esas ayudas eran ilegales y que deben devolverse.

Joaquín Almunia (Foto: web oficial Unión Europea)

Los diarios recuerdan que esos apoyos, denominados tax lease, podrían ascender a unos 3.000 millones de euros y se concedieron mediante bonificaciones de impuestos en la financiación de la adquisición de buques mediante el procedimiento de arrendamiento con derecho a compra (leasing). El Gobierno, los sindicatos y el sector dicen que la devolución de las ayudas pondrá en peligro la actividad de los astilleros y 85.000 puestos de trabajo.

Durante la reunión con la delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, Almunia rechazó eximir a las ayudas anteriores a la apertura del expediente en 2011, como reclama el Gobierno. Almunia dijo que la fecha a partir de la cual deben devolverse las ayudas es 2005, cuando la comisión Europea abrió un expediente a Francia por motivos similares y dejó claro que ese tipo de bonificaciones era ilegal en la UE

El comisario precisó que no serán los astilleros, ni los armadores, quienes tengan que devolver las ayudas ilegales, sino que serán las entidades que se lucraron con esas bonificaciones fiscales. Por su parte, Soria argumentó sin éxito que la Comisión Europea «nunca había dicho nada en contra del sistema de ayudas». El Gobierno aportó una carta de la comisaria Neelie Kroes, antecesora de Almunia como responsable, de Competencia de la UE, en la que asegura en 2009 a un armador noruego que el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas de la UE.

El ministro de Industria, Manuel Soria, dijo esperar que «antes del 17 de julio haya una reconsideración de la posición de Bruselas». También el presidente de Asturias, Javier Fernández, dijo confiar en que «aún se introduzcan cambios». Según el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, «la nueva flexibilidad ofrecida por la CE va en la buena dirección, pero no arregla el problema.» El lelendakari, Íñigo Urkullu, apeló al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que utilice su capacidad de mediación y «se pronuncie ante el colegio de comisarios y ante el presidente Barroso».

Según el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dejar fuera a astilleros y armadores «condenaría a 87.000 puestos de trabajo». Para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, «los argumentos de la delegación española son sólidos», no así los de Almunia, añadió.

Por otra parte, ayer tuvo lugar una masiva manifestación por las calles de Vigo, en la que han participado miles de personas, 40.000 según los sindicatos convocantes, CIG, CCOO y UGT, para reclamar a la Comisión Europea una «solución justa» para el expediente del tax-lease que garantice el futuro para el sector naval. El sector ha anunciado que proseguirán organizando movilizaciones.

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)