Arranca la maquinaria mediática para desprestigiar a Mas: supuestos favores a empresas de familiares

/ 26 diciembre 2013

Estaba claro que tras desafiar al Estado con su consulta soberanista, Artur Mas tendría que asumir los costes. Ahora los medios más conservadores empiezan a cargar contra su imagen pública. Este jueves el diario ABC ha publicado supuestos favores a empresas donde trabajan varios de sus familiares.

Artur Mas (Foto Generalitat)

Artur Mas (Foto Generalitat)

Según informa ABC, así ocurre con las sociedades en que trabajan sus cuñados Joan Antoni y Guillermo Rakosnik; sus hijos Albert y Patricia, y su mujer, Elena Rakosnik, que además de prestar sus servicios en la empresa pública Transportes Municipales de Barcelona es presidenta de una fundación igualmente subvencionada por la administración que dirige su marido.

ABC ya desveló el pasado 23 de septiembre que la empresa Seidor, consultora de servicios informáticos con sede en Barcelona, había aumentado su facturación a la Generalitat en más de un 6.000 por ciento desde que fichó como responsable de calidad y jefe de proyectos a Joan Antoni Rakosnik, hermano de la esposa de Artur Mas. Seidor pasó de facturar 5,3 a 322 millones de euros tras esa contratación y la llegada de CiU al poder. La empresa atribuyó el crecimiento de su volumen de negocio «a la expansión internacional de la compañía», al tiempo que precisaba que Raskonik formaba parte de la plantilla de Microsistemas, una empresa subvencionada al cien por cien por Seidor.

Seidor ha sido beneficiada con una buena parte de las adjudicaciones del dentro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat. La mayoría de los 323 millones de euros que esta empresa y sus socios han facturado a la Generalitat han sido con este organismo. Las fuentes consultadas por ABC señalan que la mayor parte de las adjudicaciones se realizaron por el polémico procedimiento del dialegcempetitiu [diálogo competitivo], una modalidad en la que la Generalitat es pionera y que fue diseñada para «contratos que tienen un objeto complejo, cuando el órgano de contratación no se encuentra objetivamente capacitado para definir los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades», según explica el propio Gobierno catalán en su página web. Este sistema de contratación ha despertado sospechas en el sector, que lo califican de «arbitrario» y consideran que ha sido creado con el objetivo de «dar contratos a quien interese, en vez de usar el concurso público, que está perfectamente reglado».

ABC 1, 18, 19

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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