El Gobierno andaluz denuncia una persecución del Ejecutivo de Rajoy tras la última acusación de fraude

/ 17 abril 2014

La Junta de Andalucía negó ayer la existencia de un «fraude masivo» en la gestión de las ayudas a los cursos de formación, que está investigando la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, y denunció la persecución que, a su juicio, está sufriendo del Gobierno.

Susana Díaz (Foto: Junta Andalucía)

Susana Díaz (Foto: Junta Andalucía)

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, acusó al Ejecutivo de abrir una «causa general contra toda Andalucía» por la gestión de los fondos de formación y exigió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que «dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas» implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que «pida disculpas y retire la acusación». «Es una vergüenza y un atropello a Andalucía y los andaluces», apostilló. Alonso exigió para Andalucía «el mismo respeto» que para otras comunidades e insinuó que detrás de todo hay una operación política del Gobierno para tapar el caso Gürtel.

Alonso criticó a Interior por dudar de la legalidad de las cantidades «que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años», en alusión a los 2.000 millones que apuntan como la cantidad presuntamente defraudada. El consejero insistió en que el Gobierno de Mariano Rajoy «se alía con el PP andaluz en la causa general» de la formación profesional y «le da igual el coste de sus acusaciones para cientos de entidades honradas y eficientes».

Asimismo, admitió haber recibido una petición de información de la Seguridad Social en el marco de las pesquisas de la Fiscalía en la que se referían a un programa de contratación del año 2010, que cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros en Málaga. Según Alonso, el Gobierno andaluz respondíó a la solicitud el 7 de febrero. En total, habría 17 expedientes bajo sospecha por un montante de 1,5 millones.

Por su parte, el Ministerio del Interior negó que hubiera filtrado datos sobre una investigación que se lleva a cabo «con absoluta discreción y máxima reserva, abierta a raíz de unos datos detectados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social».

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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