El Gobierno, tras quedarse sin Ley de Seguridad, busca apartar las manifestaciones del centro de Madrid

La Nube / 28 marzo 2014

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras quedarse sin Ley de Seguridad ciudadana, criticada por el DGPJ, calificó ayer de «muy atinada» la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de «localizar las manifestaciones en un lugar específico de la capital».

Fernández Díaz y Soraya Saénz de Santamaría (Foto Moncloa)

«Lo dice el Tribunal Constitucional, mis derechos y libertades empiezan donde acaban los derechos del prójimo», dijo. Fernández Díaz dejó la «última palabra» a la justicia, aunque añadió: «Por desgracia, son muchas las resoluciones que derogan las resoluciones de la Delegación del Gobierno».

Botella se mostró partidaria de que no se tolere «que el espacio público de todos sea ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de las manifestaciones, haciendo rehenes a los ciudadanos», y abogó ayer por «pactar itinerarios alternativos fuera del corazón de Madrid«, propuesta que ya fue apoyada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, pidió al Ayuntamiento y a la Comunidad que tramiten sus propuestas «por los cauces legales y no a través de los medios».

Los diarios consideran que el ministro medió entre Ayuntamiento y Comunidad, por un lado, y la delegada del Gobierno por otro. EL PAÍS apunta que Fernández Díaz «terció» en el debate. Según ABC, Interior «respalda la propuesta de Botella de limitar los lugares para manifestarse». La opinión del ministro, según el diario, «ponía orden en otra batalla más en la guerra que sostienen las tres instituciones madrileñas». «Interior echa un capote a Botella», titula EL MUNDO. Este rotativo considera que el ministro del Interior «desautorizó» a la delegada del Gobierno». LA VANGUARDIA señala que el cruce de palabras entre Botella y Cifuentes «empezaba a derivar en serio rifirrafe» cuando intervino el ministro.

Según EL PAÍS, un informe de la Abogacía del Estado ve inviable la propuesta de la alcaldesa de Madrid, argumentando que una marcha legal causa el mismo daño al patrimonio que el tránsito habitual de personas, y que sólo podrá prohibirlas «cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes», según la Constitución.

EL PAÍS 11/EL MUNDO 1, 8/ABC 20/LA VANGUARDIA 15/LA RAZÓN 15

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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