El plan de regeneración democrática del Gobierno Rajoy intenta poner freno a la corrupción política

La Nube / 14 diciembre 2013

El Consejo de Ministros aprobó ayer dos medidas que forman parte del plan de regeneración democrática anunciado por Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación.

Mariano Rajoy en el Congreso (Foto Moncloa)

Una nueva ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos prohibirá las donaciones de empresas a las formaciones políticas, así como las condonaciones de deuda a los partidos por parte de los bancos. Tampoco las entidades de crédito podrán cancelar total o parcialmente las deudas o su refinanciación a precios por debajo del mercado.

La nueva norma incrementa las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de los partidos ante el Tribunal de Cuentas, concretando cómo los partidos deben llevar su contabilidad y las responsabilidades del encargado económico-financiero o tesorero del partido, que deberá rendir cuentas anualmente ante el Parlamento.

Por otra parte, se introducirán varias enmiendas a la ley del Código Penal que regularán el delito de financiación ilegal de los partidos, hasta ahora inexistente, se endurecerán las penas por prevaricación y se reforzará la persecución del cohecho, el tráfico de influencias o los delitos patrimoniales. Asimismo se revisará el delito contable en el que puedan incurrir los partidos.

Regulación del nombramiento y vigilancia de los altos cargos de la Administración

La otra ley aprobada ayer por el Gobierno regulará el ejercicio de los altos cargos en la Administración General del Estado. Así, se establecerán nuevos requisitos de idoneidad para el nombramiento de un alto cargo: los condenados por la comisión de delitos dolosos y especialmente por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, rebelión o terrorismo, entre otros, no podrán ser nombrados altos cargos mientras mantengan antecedentes penales. ABC habla de «mensaje nítido a las víctimas del terrorismo» con esta medida. También LA RAZÓN señala que el Gobierno «responde al malestar entre las víctimas, y en el conjunto de la sociedad española, por las excarcelaciones tras la derogación de la doctrina Parot».

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que tampoco podrán ocupar altos cargos en la Administración, aparte de los inhabilitados o suspendidos para empleo por cargo público, quienes hayan sido inhabilitados conforme a la ley concursal y los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con la ley de Transparencia. Esta ley también regula cuestiones como el régimen de compensaciones tras el cese, las exigencias y limitaciones de los gastos de representación y el establecimiento de plazos y alertas en materia de conflicto de intereses.

Asimismo se elevarán los controles sobre las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos. «Se trata de analizar con todo rigor si el alto cargo se ha enriquecido de manera no justificada durante el desarrollo de su actividad», explicó la vicepresidenta.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, reprochó al PP no haber contado con el resto de grupos para legislar en estas materias. «Que el PP trate de regenerar la democracia y luchar contra la corrupción en solitario es una broma de mal gusto y un error profundo», dijo. «El PP todavía tiene muchas explicaciones que dar sobre su propia corrupción», agregó.

EL PAÍS 20/EL MUNDO 12/ABC 1,26,27/LA VANGUARDIA 20/EL PERIÓDICO 24/LA RAZÓN 1,16/CINCO DÍAS 1,7/EL ECONOMISTA 1,48,49

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)