El Tribunal Superior de Cataluña admite juzgar a Artur Mas por desobediencia

/ 23 diciembre 2014

El pleno de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó ayer por mayoría investigar al presidente de la Generalitat, Artur Mas; a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene Rigau, por desobediencia al Tribunal Constitucional en la celebración del 9-N.

Artur Mas, firmando la consulta (Foto Generalitat)

Artur Mas, firmando la consulta (Foto Generalitat)

El tribunal debatió durante más de 4 horas la admisión a trámite de las 7 querellas y las 25 denuncias interpuestas por presuntas responsabilidades penales en la celebración de la consulta alternativa del 9-N. Finalmente resolvió investigar las relativas a la desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre que suspendió la consulta, dirigidas contra Mas, Ortega y Rigau y descartó las relativas a hechos acecidos antes de esa fecha. Asimismo se investigarán «todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados». La investigación se agrupará en un único procedimiento, basada en la querella presentada por Manos Limpias.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, se mostró serena ante la decisión. «Que todo el mundo tenga absoluta tranquilidad. El 9-N fue un acto de democracia», subrayó y se mostró «convencida» de que «al final el sentido común se impondrá».

CiU calificó de «error» la decisión que, según apuntó el diputado y vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso Jordi Jané, supone llevar a los tribunales la «voluntad ciudadana de expresar su opinión». El portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, retó a la Fiscalía a investigar todos los casos en los que el Gobierno central «ha incumplido sentencias» del Constitucional.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, expresó en un tuit «todo el apoyo» a los querellados y afirmó: «Si atacan al Govern por defender la democracia, nos atacan a todos». El diputado de ICV-EUiA Joan Mena lamentó la «persecución política» del Gobierno «contra el derecho a decidir del pueblo de Cataluña» y apostilló: «Ahora parece que se iniciará una persecución judicial». La Asamblea Nacional Catalana (ANC) puso en marcha una campaña de autoinculpaciones para «mostrar la solidaridad con los querellados» y llamó a «todos los demócratas» a rellenar un formulario en el que se admite haber participado en la consulta y entregarlo en los juzgados catalanes.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat José Montilla expresó su «solidaridad» con Mas y se ofreció a ser testigo en la causa. El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, reclamó «diálogo político para resolver el encaje de Cataluña».

El Gobierno, a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, manifestó el «respeto» ante la decisión del TSJC, «un poder distinto al del Gobierno», recordó.

Para el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, la decisión del TSJC transmite un mensaje «muy tranquilizador» a la ciudadanía porque «la jnjusticia nos hace iguales y se impone».

El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, expresó respeto a la decisión de los jueces y los fiscales, que no se puede «cuestionar» para mantener la «seguridad jurídica», aunque agregó: «Nosotros lo que queremos es que el proceso se acabe lo antes posible, que entremos en la normalidad y en aquello que siempre hemos dicho; diálogo, negociación y pacto».

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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