España y los socios del sur de Europa piden fondos para luchar contra la inmigración ilegal

/ 17 abril 2014

Los ministros de Asuntos Exteriores del sur de Europa (España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Chipre y Malta) acordaron ayer elevar a la Unión Europea una petición de más fondos para mejorar los flujos migratorios irregulares que llegan a Europa por la frontera sur.

Inmigrantes tras saltar la valla de Melilla (Foto: Digiteka)

Inmigrantes tras saltar la valla de Melilla (Foto: Digiteka)

El encuentro, celebrado en Alicante, se planteó como «una llamada de atención» a Bruselas, según apuntó el ministro español, José Manuel García Margallo. En el documento que se enviará a Bruselas se alude a los «trágicos acontecimientos» recientes en la zona y se constata que «la presión migratoria, lejos de disminuir, está aumentado debido a la situación de inestabilidad y pobreza en los países de origen».

Los firmantes agradecen la «implicación» de la Comisión para «hacer frente a esta situación de emergencia» y abogan por una mayor participación de los estados miembros «de manera decidida». «Todos estos desafíos sólo pueden ser abordados de manera global», con la implicación de Europa y de terceros países, prosigue el documento.

Entre las medidas que proponen está, entre otras, mantener y reforzar las fronteras externas de la UE a través de la agencia Frontex, potenciar la capacidad de los países de origen y tránsito de la inmigración para controlar sus propias fronteras; luchar contra las redes de trata de seres humanos y potenciar «todas las formas de retorno y readmisión» de los inmigrantes irregulares, «en el pleno respeto de sus derechos fundamentales».

Al preguntarle sobre la entrada de una embarcación en las islas Chafarinas con siete inmigrantes que ya están devueltos a Marruecos, García-Margallo recordó que las autoridades comunitarias deben velar porque se cumplan los acuerdos con los países del Magreb.

Sobre la devolución de esos siete inmigrantes, la Delegación del Gobierno en Melilla insistió en que el procedimiento se ajustó a la legalidad vigente, algo que fue cuestionado por varias ONG.

EL PAÍS 1, 12/EL MUNDO 12/ABC 22, 23/EL PERIÓDICO 32/LA RAZÓN 20

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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