La Guardia Civil, en un segundo informe: Cifuentes fue partícipe «directa» y conocedora de las irregularidades

/ 18 mayo 2017

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en un segundo informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en 2011, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tuvo que ser partícipe «directa» y conocedora de que se hizo de forma irregular.

Cristina Cifuentes (Foto PP)

Cristina Cifuentes (Foto PP)

Así lo explica la UCO en un informe del pasado 27 de marzo, conocido ayer, que amplía uno anterior en el que se atribuye a Cifuentes delitos de prevaricación y cohecho.

En este segundo informe se recogen las declaraciones los pasados 8 y 9 de marzo de tres personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo al expresidente de la patronal madrileña del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid. Estos tres imputados situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las diferentes ofertas para estos concursos, en las que la presidenta madrileña habría participado como presidenta de la mesa de adjudicación, así como también como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.

En concreto, en la licitación de 2011 participó uno de los imputados, Arturo Zubiri, funcionario de la Asamblea que, según explicó a los agentes, asignó cero puntos a una empresa competidora de la de Arturo Fernández, «bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna». De esta circunstancia, dice la UCO, «tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras» los otros dos componentes del comité de expertos, que eran Cifuentes y María Merino, otra de las imputadas que declaró ante la Guardia Civil.

Juez y fiscales avalaron que había irregularidades en los contratos

Por otra parte, los periódicos también informan que el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, y las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García, avalaron en sendos escritos el pasado 6 de marzo que los contratos entre la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, presentaban irregularidades. Son documentos que obran en el sumario de la causa, ambos fechados cinco días después de que la UCO presentara un primer informe en el que pedía que se investigara a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la adjudicación de los contratos de cafetería.

Según recuerdan los diarios, el juez ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay prueba de que esté implicada en la financiación ilegal del partido, criterio que comparte la Fiscalía Anticorrupción. Pero, con independencia de que no aprecia responsabilidad en el papel de Cifuentes, en el auto dictado el 6 de marzo, Velasco reseñó la existencia de «sólidos indicios» que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández «fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes».

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, preguntada ayer por los periodistas sobre este asunto, negó que haya cuestionado la labor de la Guardia Civil. Tras defender a la UCO, matizó que «se pueden cometer errores». «Yo siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil y la labor de la UCO, eso no quita que en la UCO, que está formada por personas como el resto de organismos, se puedan hacer las cosas mejor o peor y se pueden cometer errores», dijo. Según la presidenta regional, esta visión es compartida por el juez, Eloy Velasco, «a quien corresponde hacer una calificación de los hechos», añadió

Sobre si se sentía respaldada por su partido, Cifuentes dijo haber recibido el apoyo entre otros, de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal. No obstante, señaló que lleva 30 años en política y que no se puede poner en duda su «trayectoria amplia y limpia», y que estas acusaciones han aparecido en un momento muy determinado. «Simplemente digo que en las casualidades no creo y en la política muchísimo menos. Cada cual que saque sus propias conclusiones. No voy a hacer hipótesis de ninguna clase. No sé de dónde viene esto», señaló.

Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió ayer la separación de poderes al ser preguntado por la supuesta falta de imparcialidad del informe de la UCO sobre la presidenta madrileña.

Por otra parte, las asociaciones de guardias civiles recordaron ayer a la presidenta madrileña la «neutralidad», «buen hacer» y «profesionalidad» de la UCO, incidiendo en que nunca han trabajado al servicio de ningún partido y ha gozado y goza de una gran credibilidad. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), indicaron que esa unidad «no es partidista ni actúa a conveniencia», sino que «hace su trabajo y lo pone a disposición judicial».

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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