La juez Alaya acusa a Chaves y Zarrías de conocer y autorizar los ERE de Andalucía

/ 16 agosto 2014

La juez instructora del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, sostiene en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo para que decida sobre el futuro del procedimiento, en el que figuran nueve aforados, que el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y su exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, conocieron y ampararon el sistema de concesión de ayudas públicas.

(Foto: Club de Fans de Jueza Mercedes Alaya)

(Foto: Club de Fans de Jueza Mercedes Alaya)

Según informa LA RAZÓN, la juez asegura en su escrito que «la existencia de estas sobrecomisiones indiciariamente debía ser conocido y autorizado por el propio presidente de la Junta –Chaves, en el momento descrito- y por la persona de su absoluta confianza, Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia que le asesoraba en todas las decisiones de Gobierno».

Según informa ABC, la juez Alaya afirma en el razonamiento elevado al Supremo que la Administración andaluza, en lugar de desestimar el sistema de ayudas públicas «por ausencia de procedimiento o por su arbitrariedad y las consecuencias que podía generar el déficit producido», optó por una «reacción de reafirmación» que propició que se mantuviese hasta el final de la década. Tras cifrar en 855 millones de euros la «ilegal aplicación de fondos públicos», señala que «indiciariamente» se realizaba el proceso de concesión de subvenciones a través de una partida presupuestaria «claramente inadecuada», en tanto que «legalmente así lo era», ya que numerosas órdenes y leyes emanadas del propio Parlamento andaluz «habían definido la estricta finalidad de las transferencias de financiación».

EL PAÍS subraya que la juez Alaya también denuncia en su instrucción la «gran discrecionalidad» en el reparto geográfico de las ayudas concedidas por la Junta, lo que, en su opinión, provocó un «importante agravio comparativo» entre las distintas provincias andaluzas, propiciado por la supuesta relación del exconsejero de Empleo José Antonio Viera con empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, a la que fueron a parar más del 61% de las ayudas del fondo de los ERE. La magistrada se apoya en un informe de la Junta en el que se detalla que, entre 2011 y 2009, Sevilla acaparó 184 ayudas frente a las 15 de Cádiz (la segunda en la lista).

Alaya denuncia la existencia de «una auténtica subversión del ordenamiento jurídico», que hacía que las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas que, «por un motivo u otro, estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz». De este modo se tejió, añade, un «selecto círculo de influencias que pasaban por los sindicatos, agencias o mediadores de seguros y despachos de abogados, que propiciaban habitualmente la concesión de tales ayudas, obteniendo importantes beneficios económicos por su gestión».

El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, afirmó ayer que los 855 millones de euros en que la juez Alaya cifra el desvío de fondos de los ERE han sido repartidos a una «red clientelar» tejida por el Partido Socialista «con un gran objetivo: ganar influencia y que esa influencia se tradujera en votos». «Ha habido un intento claro, con medios y recursos, de influir en los procesos electorales», afirmó.

EL PAÍS 9/ABC 19/LA RAZÓN 1, 10-13/EL PERIÓDICO 16

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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