La reforma de la administración local sigue su tramitación pese al rechazo de todas las fuerzas políticas

/ 18 octubre 2013

La reforma local seguirá su tramitación en las Cortes Generales tras haberse rechazado ayer en el Congreso todas las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley presentadas por PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, Geora Bai, Compromís-Equo y Amaiur.

Cristóbal Montoro (Foto: Pool Moncloa)

Cristóbal Montoro (Foto: Pool Moncloa)

Finalmente las enmiendas fueron rechazadas por 177 votos contra 134 y una abstención, la de Foro Asturias. El PNV retiró a última hora su enmienda por la próxima inclusión en el articulado de referencias explícitas y específicas al respeto del Estado a la autonomía que el Derecho Foral confiere a los municipios y diputaciones vascas. El PP también intentó ganarse el apoyo de CiU, pero las negociaciones no dieron resultado.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que «en un año» habrá un nuevo sistema de financiación local y recordó que las entidades locales han sido las únicas administraciones con superávit en sus cuentas de 2012, tendencia que mantienen en 2013. En la presentación del proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Montoro tendió la mano a continuar las negociaciones con el resto de los grupos. El ministro defendió la reforma local como «respetuosa al extremo» con los ayuntamientos y garante de los servicios. «El ánimo de este proyecto es potenciar las Administraciones locales», recordó.

La oposición reclamó a Montoro la retirada de la reforma local, por considerar que no ahorrará ni simplificará la administración. Desde el PSOE, Gaspar Zarrías, tildó el proyecto de «tropelía» y «chapuza» e insistió en que tiene elementos de inconstitucionalidad en los que se basará su grupo para presentar un recurso ante el Constitucional.

Carles Páramo, de CiU, insistió en que el proyecto «ataca la Administración más próxima al ciudadano». «Vamos a tener peores servicios y más caros», dijo. Mientras, Teresa Jordá, de ERC, dijo que la ley suprime la democracia local y refuerza el poder de las diputaciones. Desde Izquierda Plural, Ascensión de las Heras advirtió de que peligra el Estado de bienestar con este «desmantelamiento que se pretende desde la base». La portavoz de UPyD, Rosa Díez, señaló que la ley aportará «más opacidad, menos democracia y un reforzamiento del bipartidismo». Ana Oramas, de CC, acusó al Gobierno de «querer romper con uno de los pactos de la democracia».

Mientras, una treintena de alcaldes del PP suscribieron una declaración con la que escenificaron su respaldo al proyecto, que da respuesta a las «reivindicaciones históricas» del municipalismo y «realza» el papel de las corporaciones locales en el Estado de las Autonomías poniendo fin al desequilibrio que se ha producido en su desarrollo». Una decena de alcaldes socialistas se concentraron en las puertas del Congreso insistiendo en que la ley supondrá «una pérdida de calidad de los servicios municipales».

Para EL PAÍS, «el PP impone la reforma que recorta 3.500 millones en servicios locales». Según EL MUNDO, «PP y UPN salvan al Gobierno de su aislamiento». «El Gobierno sólo logra sumar al PNV a su reforma local», titula LA VANGUARDIA. Mientras, ABC destaca que «alcaldes de PP y PSOE cruzan reproches por la reforma local». LA RAZÓN señala que «los alcaldes del PP cierran filas con Montoro sobre la reforma local… y el PSOE amenaza con llevar el texto al TC».

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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