La trampa del Gobierno con las pensiones: subirán siempre por ley… pero apenas una décimas

La Nube / 3 septiembre 2013

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentaron ayer a los agentes sociales su propuesta de reforma de las pensiones.

Pensionistas jubilados (Foto Ministerio Empleo)

En primer lugar, plantearon desvincular la actualización de las pensiones del IPC y fijar un mínimo y un máximo para su incremento, teniendo en cuenta otros factores además de la inflación media, como el crecimiento de ingresos y gastos, el déficit o superávit de la Seguridad Social, el número de pensiones y la tasa de sustitución. Así, desde 2014 y hasta 2019, las pensiones tendrán que subir al menos un 0,25% y su techo será el IPC más un 0,25%. El segundo objetivo de la reforma es definir el llamado factor de sostenibilidad, una fórmula para ajustar el cálculo de la pensión a la esperanza de vida, que empezaría a aplicarse en 2019.

La titular de Empleo, Fátima Báñez, subrayó que la negociación buscará «el máximo consenso posible», a pesar de la premura para que la fórmula de revalorización empiece a aplicarse en enero de 2014, y aseguró que con ello se pretende dar «confianza, certidumbre y credibilidad», así como evitar que se congele la subida de las pensiones. Según la ministra, la fórmula garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y largo plazo. Báñez insistió en que el Ejecutivo «está abierto a la negociación».

Los sindicatos UGT y CCOO adelantaron que la negociación sobre el factor de sostenibilidad será «compleja y difícil», aunque valoraron la disposición al diálogo expresada por la ministra. El secretario de protección social de CCOO, Carlos Bravo, apuntó la posible pérdida de poder adquisitivo, ya que la fórmula propuesta «no garantiza una revalorización equivalente al IPC». También expresó el temor de que «se utilice el sistema de pensiones para abordar compromisos a corto plazo en materia de control de déficit con ajustes presupuestarios». Por otra parte, consideró que el plazo tan corto para alcanzar un acuerdo «es una dificultad añadida». La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, reclamó al Gobierno «datos reales» para valorar su propuesta y dudó del método de revalorización. «Si queremos cambiar las reglas del juego, bien, pero no se puede decir que se va a hacer una ley para garantizar que ningún pensionista pierda poder adquisitivo, porque eso ya existe», dijo. «Ni una reforma, ni dos, ni cinco más van a arreglar el tema del déficit de la Seguridad Social, que es un problema de ingresos, de mercado laboral», señaló.

Las representantes de los empresarios, Marina Gordón (CEOE) y Teresa Díaz (Cepyme) reclamaron el acuerdo social para aprobar la reforma y eludieron valorarla hasta no conocer todos los detalles.

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)