Ley de Transparencia: ¿un invento de los políticos para mejorar su imagen o el fin de la corrupción?

La Nube / 31 mayo 2013

Un consejo independiente y no una agencia estatal velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mientras que las sanciones a los cargos públicos que no respondan a los principios éticos y de buen gobierno ya no las impondrá el Ministerio de Administraciones Públicas, como estaba previsto en un principio, sino la autoridad fiscal independiente, creada recientemente por el Gobierno.

Consejo de Ministros (Foto: La Moncloa)

Estas dos modificaciones llevaron a CiU y a PNV a retirar sus enmiendas a la totalidad del proyecto. Después de casi tres horas de debate con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendiendo la iniciativa del Gobierno, las enmiendas de Izquierda Plural, UPyD y cuatro formaciones del Grupo Mixto (ERC, BNG, Compromís-Equo y Amaiur) fueron rechazadas.

Sáenz de Santamaría avanzó las novedades y tendió la mano a los grupos para alcanzar consensos en la tramitación parlamentaria. «Hay una voluntad del Gobierno de llegar al acuerdo más amplio posible con todos los grupos», proclamó durante su intervención. La vicepresidenta confirmó que en el ámbito de aplicación de la ley se incluirá a la Casa del Rey, al Banco de España, a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y a entidades privadas financiadas de forma «relevante» con fondos públicos, entre las cuales no descartó que entre la Iglesia. Santamaría subrayó que España tendrá la «primera ley» de Transparencia en Europa que «incluye explícitamente a la Casa Real». Un avance «impulsado activamente por la Monarquía», indicó.

La vicepresidenta añadió que la norma irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de Transparencia, que permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos.

En apoyo del Gobierno, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, resaltó que «no hay mejor remedio contra la corrupción que anticiparse a ella» y dijo que esta ley ayudará a combatirla y que «nadie haga lo que no debe».

En nombre del PSOE, Meritxell Batet mostró su disposición a negociar y recordó que una de las principales reticencias era la potestad sancionadora que otorgaba el texto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tras el debate, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró su voluntad de alcanzar un acuerdo para lograr «toda la transparencia» en las instituciones, aunque advirtió de que hay «líneas rojas» y pidió al Gobierno que escuche porque «el pacto es cosa de dos».

Desde otra perspectiva el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, indicó que mantenían la enmienda «para no ser engañados». También el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, dijo que no se fiaban y consideró que la ley definitiva será un mero escaparate sin contenido, opinión que compartió su compañera Rosa Díez, quien dijo que PP, PSOE y los nacionalistas caminan juntos para «controlar la opacidad y parasitar los órganos reguladores con plena impunidad».

Sáenz de Santamaría calificó de «incongruente» e «incoherente» la posición de los grupos que han pedido la devolución del proyecto al Gobierno al tiempo que consideran imprescindible que España tenga una ley de transparencia.

Valoración de los diarios

EL PAÍS destaca que «el Gobierno acepta modificar radicalmente la Ley de Transparencia». Al respecto, ABC señala que «Moncloa cede ante CiU y PNV para que apoyen la Ley de Transparencia». En este sentido, LA VANGUARDIA dice que «el Gobierno cede y suma a CiU y PNV a la Ley de Transparencia». EL MUNDO y LA RAZÓN coinciden en subrayar que un consejo independiente velará por el cumplimiento de la norma. También LA GACETA apunta que «el Gobierno cambia la Agencia de Transparencia por un Consejo». Por su parte, EL PERIÓDICO resalta que «el Ejecutivo renuncia a destituir a alcaldes que gasten en exceso». EL ECONOMISTA pone el énfasis en que «la Ley de Transparencia quita a Montoro el poder de multar a las autonomías». EL PAÍS, ABC y LA RAZÓN destacan que la Monarquía española será la primera de Europa regulada por este tipo de norma.

Texto del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa