‘Silencio, se roba’, opinión de Javier Astasio

/ 30 abril 2015
La verdad, no debe ser agradable llamarse Rajoy, esforzarse en vencer su natural huidizo, presentarse ante la prensa con preguntas una vez cada tres años, tratar de anunciar que España va, no sólo bien, sino muy bien, y que te amarguen el show con preguntas sobre los chanchullos de Rodrigo. No debe ser agradable irse a hacerse unas idílicas fotos remando en al Retiro o rodeada de ciudadanos como una Inés con sus donjuanes en el sofá inflable y desinflable, teniendo que escuchar cada mañana como testigos e imputados revelan al juez los púnicos negocios de quienes han sido tus colaboradores, tus amiguitos del alma del foros, cuando eras lideresa del partido y la Comunidad de Madrid. Deben ser duras una y otra cosa, porque, poco a  poco, todas esas evidencias judiciales, golpeando día tras día los delicados tímpanos de tus cándidos votantes, pueden acabar por resquebrajar la inquebrantable fe que te tienen.
Debe de ser muy duro y por eso, desde hace tiempo, vienen dándole vueltas a ese sencillo truco que usaban sus padres y abuelos y que no era otro que el de censurar y castigar la difusión de todo aquello que o no les gustaba o no les resultaba conveniente. En realidad sería un esfuerzo vano, porque, al final, las redondelas, los soficos y las matesas acaban por salir a la luz y por velar el falso prestigio de quienes, si no se benefician de los escándalos, lo que no sería más que una bondadosa e improbable conclusión, está claro que los consiente.
Ayer, el ministro de Justicia, el «tecnócrata» Rafael Catalá, se descolgó con un viejo sueño de su antecesor Gallardón, que, si bien es hijo de uno de los represaliados del franquismo por aquel viejo «contubernio de Múnich», se casó con la hija de uno de los ministros del dictador, Utrera Molina, perseguido judicialmente desde Argentina por formar parte de un gobierno que reprimió y asumió la firma de condenas a muerte. La vieja idea no es otra que la de forzar el silencio de la prensa sobre los repetidos escándalos que acorralan a su partido, castigando a los medios que difundan contenidos de sumarios que los jueces hayan decretado secretos, Una idea franquista manejada con cariño por un gobierno que, en esta y en otras cosas, el «orden público», por ejemplo, añora los duros tiempos, no para ellos ni sus familias, de la dictadura.
Desde que el ministro Catalá se metió ene l jardín de decir que ya que no siempre se puede identificar al filtrador, que a veces se sienta a su lado o trabaja para quien se sienta a su lado en el consejo de ministro, sería conveniente abrir el difícil debate de si, a quien habría que combatir, sería a quienes publican lo filtrado.
Acertó de pleno, porque sus palabras corrieron como la pólvora, provocaron declaraciones, casi todas condenatorias, y abrieron informativos, telediarios y periódicos, hasta el punto de que, desde que las dijo se ha visto obligado a matizarlas primero, a las pocas horas, y desmentirlas hoy mismo, dados su escaso éxito de crítica y público y, sobre todo, lo inconstitucional de la idea de tratar de prohibir la difusión de información veraz y de interés público que los ciudadanos tienen derecho a recibir según el artículo 20 de eso que llamamos Carta Magna y el gobierno del que forma parte Rafael Catalá sólo esgrime cuando le conviene.
El gobierno se ha dado cuanta tarde de que la corrupción, que no es otra cosa que robar el dinero de los ciudadanos para repartírselo en metálico, especies y favores entre corruptos y corrompedores, ya no es bien vista por la mayoría de los ciudadanos, incluidos sus votantes, y por ello habría que hacer algo para impedir que las almas cándidas, sus votantes, se enteren de todo lo que nos han robado y saquen conclusiones delante de las urnas. Lo de Catalá, desmentido por tergiversado, siempre les interpretamos mal o transmitimos mal sus palabras, no era otra cosa que gritar en voz baja «silencio, se roba».
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