Tarifazo eléctrico: UGT cree que pone al descubierto el fracaso de la política energética del Gobierno

/ 20 diciembre 2013

UGT considera que la subida de la tarifa eléctrica anunciada para 2014 carece de lógica económica y pone al descubierto el fracaso de la política energética del Gobierno, basada en medidas coyunturales que solo tienen como objetivo detener el crecimiento del déficit de tarifa generado por su proyecto de ley.

Tarifazo eléctrico (Foto UGT)

Tarifazo eléctrico (Foto UGT)

Esta medida nos aleja cada vez más del camino de la recuperación, por lo que UGT considera fundamental y urgente abordar una auténtica reforma del sistema de precios de la energía, mediante el diálogo social, que aproxime el objetivo de nuestra tarifa a los países de nuestro entorno. El incremento del recibo de la luz supondrá un aumento inmediato de los precios, por lo que resulta imprescindible modificar el mecanismo de fijación de precios, alejándolo de los riesgos especulativos del ámbito financiero; que la política energética se financie con recursos públicos y que le precio para los ciudadanos esté en sintonía con los costes del sistema.

Las noticias en relación a la subida de la tarifa eléctrica para el I trimestre de 2014 son, a juicio de UGT, un disparate sin ninguna lógica económica y ponen al descubierto el fracaso de una política energética del Gobierno, basada en una serie de medidas coyunturales que tenían como único objetivo detener el crecimiento del déficit de tarifa generado por una estructura que su proyecto de Ley consolida.

Como siempre para este Gobierno, el problema es de otros, ya que ellos nunca se equivocan. Es evidente que el mecanismo de fijación de precios debe ser modificado, cosa que el Gobierno hasta ahora no reconocía, como demuestra el hecho de que el modelo quedaba consagrado en su propio Proyecto de Ley y que, entre otras cosas, es necesario alejar la fijación de los precios de la energía de riesgos especulativos del ámbito financiero, que la política energética de un gobierno tiene que ser financiada también con recursos públicos y que el precio para los ciudadanos y la producción de bienes y servicios debe estar más en sintonía con los costes propios del sistema. Pero el Gobierno ha apostado por un mecanismo de fijación de precios como el actual y ahora no se puede llevar las manos a la cabeza y situar esta cuestión como un escándalo que nada tiene que ver con él y que es el mercado, porque simplemente se sitúa al borde del ridículo.

El Gobierno, por tanto, actúa en este contexto como un boxeador noqueado que da palos de ciego perjudicando a la economía real y demostrando el fracaso rotundo de su política energética. Más aún cuando en el día de hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha invalidado la subasta eléctrica celebrada ayer “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma”. No se puede olvidar que hace unos días el Gobierno decidió no asumir en los Presupuestos Generales del Estado los 3.600 millones de euros comprometidos, después de que el Ministro de Hacienda los bloqueara en el último momento para cumplir con mayores recortes de déficit exigidos por Bruselas. Debería haber sido evidente para el Ejecutivo que alguien tenía que pagar; tampoco por esto se puede sorprender.

Para la Unión General de Trabajadores, es evidente que lo que ocurre no tiene ninguna lógica de mercado. Durante la crisis económica, los últimos cinco años, con una importante caída de la demanda consecuencia del empobrecimiento de la población y la desaparición de una parte importante de nuestra estructura productiva, el precio de la electricidad en España se ha incrementado un 63%, el mayor incremento de Europa solo por debajo de Malta, Estonia y Letonia, mientras la media de aumento en la zona Euro ha sido del 29%. Por tanto, en nuestro sistema de fijación de precios de la tarifa, menor demanda significa mayor precio, lo que debería indicar que algo falla y debe ser corregido.

Pero lo peor es que este Gobierno, tan preocupado por la competitividad de nuestra economía y de los costes, sólo actúe para bajar los salarios y pensiones, sin atender otros costes, como los energéticos, cada vez más importantes en el modelo productivo, como indica la propia Comisión Europea.

Para la Unión, el perjuicio es evidente para el conjunto de la economía y los ciudadanos. Esta situación supone una piedra más, en este caso de tamaño sideral, en el largo camino de la recuperación económica, en un momento de desempleo masivo, estancamiento y caída del consumo y cuando ya nuestras tarifas eléctricas para la industria superan en muchos casos el 50% de la media europea.

El incremento del recibo a los consumidores y pymes supondrá también un aumento inmediato sobre los precios, aumentará el coste de la energía para la producción y reducirá el poder de compra de los ciudadanos, cuestiones muy negativas especialmente en una situación económica como la actual, sin olvidar los efectos sociales de aumento de la pobreza energética que ya padecen el 20% de las familias españolas.

Por tanto, es fundamental y urgente abordar, mediante el diálogo social, una auténtica reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad en España, con el objetivo de aproximar nuestra tarifa a los países de nuestro entorno.


(Fuente: UGT)

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