El fiscal Gerardo Pollicita, sucesor de Alberto Nisman en la causa contra la presidenta argentina Cristina Fernández, imputó ayer a la mandataria por encubrir el atentado antijudío contra la AMIA, continuando así el camino abierto por el fiscal fallecido.
Pollicita considera que Fernández pudo haber cometido «delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público». La imputación alcanza al resto de funcionarios que se incluían en la denuncia de Nisman, entre ellos el ministro de Exteriores, Héctor Timerman; el diputado Andrés Larroque y el dirigente Luis D’Elia.
El secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, señaló que no tiene «ningún valor jurídico ser imputado», si bien dijo que se trata de una «clara maniobra de desestabilización antidemocrática». El jefe de Gabinete, Jorge Capìtanich, habló de «golpismo judicial activo» y añadió que el fiscal Pollicita sólo intenta generar «impacto político» y «estrépito social».
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)