La Generalitat tiene preparado un mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide la celebración del referéndum soberanista.
El diario EL PAÍS ha tenido acceso al borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, la conocida como ley de ruptura, que aspira a funcionar como constitución provisional durante un plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlamento autonómico para poner en marcha un proceso constituyente que desembocará en la «república parlamentaria» de Cataluña. «Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento», afirma la disposición final del borrador.
La Ley de Transitoriedad Jurídica, mantenida hasta ahora en secreto,fija la pregunta del referéndum soberanista que la Generalitat pretende convocar a finales de septiembre o principios de octubre: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?». Y señala que una mayoría de votos a favor de la independencia, por reducida que sea, y sin un límite mínimo de participación, ratificaría la decisión y la haría vinculante. La mayoría independentista en el Parlamento catalán ha impuesto ya una reforma del reglamento de la Cámara que permitiría la aprobación exprés del texto, en apenas 48 horas, sin capacidad de reacción por parte de la oposición, la independencia se pondría en marcha.
El texto prevé amnistiar a los condenados por la causa independentista
La llamada ley de ruptura especifica quiénes tendrán la ciudadanía catalana, qué leyes españolas permanecerán en vigor, cuál será el destino de los funcionarios de la Administración Central o qué se hará con los bienes que tiene el Estado español en Cataluña. En lo que se refiere a la administración de justicia en ese hipotético Estado catalán, deja entrever tres claros propósitos, según informa EL PAÍS: un control riguroso del Gobierno catalán -sería el jefe de Gobierno quien nombrase al presidente del nuevo Tribunal Supremo-; la apropiación de todas aquellas causas que afecten a Cataluña y que están ahora en manos de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo español; y la voluntad expresa de «sobreseer o anular los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta».
EL PAÍS 1, 13-18
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)