Dilma Rousseff denunció ayer que está siendo víctima de un «golpe de Estado» después de ser suspendida durante seis meses de sus funciones presidenciales por el Senado, que por 55 votos a favor y 22 en contra aprobó iniciar el juicio político con miras a su destitución.
Aún desde el Palacio de Planalto y arropada por sus ministros y seguidores, Rousseff llamó a los brasileños que «están en contra del golpe» a movilizarse «unidos y en paz». Calificó de «farsa jurídica» lo ocurrido y denunció que el nuevo gobierno interino de Michel Temer carece de legitimidad porque no fue elegido en las urnas.
En su discurso, Rousseff advirtió de que está en juego «la voluntad soberana de los brasileños» y el «futuro de la nación». Subrayó que se dirigía al país en su condición de «presidenta electa» por los 54 millones de votos que recibió en los comicios de 2014. Asimismo, dijo que están en peligro las «conquistas sociales» de los últimos años, la «esperanza» de los más pobres y también la enorme riqueza petrolera descubierta en aguas profundas del océano Atlántico. Negó las acusaciones en su contra -Rousseff está acusada de maquillar las cuentas públicas en los informes contables de 2014 y 2015-, y resaltó que «no existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente». Por último, aseguró que seguirá luchando «con todos los instrumentos legales» a su alcance para ejercer su mandato hasta el final, el 31 de diciembre de 2018.
Poco después, Miguel Temer asumió sus funciones como presidente interino, en un acto en el pidió confianza a los mercados y manifestó su «respeto» por Rousseff. Anunció un «gobierno de salvación» para «pacificar» el país y superar las crisis económica y política. Para ello, apeló a la «armonía» entre los poderes del Estado.
Varios centenares de brasileños se manifestaron contra el presidente interino en el centro de Sao Paulo. Las protestas comenzaron a última hora de la tarde y congregaron a sindicatos y movimientos sociales.
Reacciones internacionales
Entretanto, los gobiernos de América y los organismos internacionales mostraron su temor por la inestabilidad que podría generar en la región la suspensión de Rousseff. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon llamó a la «calma y al diálogo». La Casa Blanca expresó su confianza en la robustez de las instituciones brasileñas para superar la crisis y aseguró que continuará «al lado» de Brasil pese a los tiempos «complejos».
En Latinoamérica, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se mostró preocupada por la posibilidad de que las «circunstancias de inestabilidad» puedan «trasladarse de manera peligrosa a la región». Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló que el juicio contra Rousseff es una decisión «dolorosa, compleja y difícil de comprender».
Desde Venezuela, su presidente, Nicolás Maduro, calificó la suspensión de Rousseff de «golpe de Estado» y de una «señal grave y muy peligrosa para el futuro de la estabilidad de todo el continente». «Ahora vienen por Venezuela», enfatizó. Mientras, el jefe de la fracción opositora del Parlamento venezolano, Julio Borges, instó a Maduro a «verse reflejado en el espejo».
El presidente boliviano, Evo Morales, condenó el «atentado contra la democracia y la estabilidad económica de Brasil y la región». El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se declaró «indignado» con el «impresentable y antidemocrático proceso». Cuba achacó la crisis a una «contraofensiva reaccionaria del imperialismo contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe».
La Cancillería chilena reafirmó su «decidido» respaldo a las «instituciones democráticas de Brasil». El Gobierno colombiano expresó su confianza en que se preserve la «estabilidad» en el país por «la relevancia política y económica de Brasil». El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, sostuvo que su Gobierno respeta «las decisiones institucionales»y prefiere «no interferir en cuestiones internas» de otros Estados. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Argentina aseguró que «continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el progreso de integración bilateral y regional».
El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, expresó la preocupación del Gobierno por la situación que vive Brasil. «España tiene una preocupación importante por lo que está pasando», señaló el ministro durante una conferencia de prensa en Quito. Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar dijo que hay que «respetar» la «legitimidad» del Senado, ya que ha seguido sus «mecanismos constitucionales».
EL PAÍS 1,3-7/EL MUNDO 1,16,17/ABC 2,28-31/LA VANGUARDIA 1,6,7/LA RAZÓN 1,24-26/CINCO DÍAS 1,29/EL ECONOMISTA 29
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)