El uso de las tarjetas opacas por parte de más de 80 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia pasó desapercibido durante más de diez años para los órganos de control de la propia entidad financiera y para las autoridades supervisoras.
Pero además, informa ABC, se saltó la normativa vigente sobre la remuneración en las cajas, en lo que se refiere a topes salariales y percepción de dietas. Por otra parte -señala en este caso EL PAÍS-, en el sumario remitido a la Audiencia Nacional sobre la quiebra de la entidad, en lo referente a percepciones salariales no figura ninguno de estos gastos, y ni siquiera queda constancia en las actas del consejo de administración. Ex consejeros señalan que al tratarse de un tema delicado no figuraba en el documento del consejo, aunque se hubiera tratado.
Al margen del escándalo de las tarjetas, Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción, investiga si Rodrigo Rato ingresó seis millones de euros del banco Lazard en 2011. El fiscal quiere saber si Rato firmó contratos con Lazard porque podía tener interés en beneficiar a este banco ante la perspectiva de cobrar esos seis millones procedentes, según el ex presidente, de unas opciones sobre acciones que vencían en 2011. Esta situación podía causar al exministro del PP un conflicto de interés durante su presidencia en Bankia, entre 2010 y 2012. Rato obvió en los informes de Gobierno Corporativo, que se entregan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su implicación con Lazard.
EL MUNDO indica en su portada que esta cadena de actuaciones irregulares ha dejado a Rodrigo Rato «a la intemperie en el PP». Ni Rajoy, ni ningún otro miembro de la cúpula del partido quiere hablar con él, mientras que dirigentes de toda España presionan para que el expediente que le abrió el partido concluya con su expulsión. Rajoy -añade el diario- le otorga en este momento el mismo tratamiento que a Luis Bárcenas.
LA RAZÓN, por su parte, señala que la apuesta de Novacaixagalicia y Catalunya Banc por el ladrillo ha provocado la apertura de investigaciones de operaciones irregulares por valor de 1.500 millones, un escándalo cien veces mayor que el de las tarjetas B. Además, 60 directivos de estas entidades se subieron el sueldo antes de irse, según acusación de la Fiscalía.
EL PAÍS 16/EL MUNDO 1-4/ABC 21/LA RAZÓN 16-17/EL PERIÓDICO 16/LA VANGUARDIA 18
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)