El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra confirmó ayer que recurrirá la sentencia que le condena a cuatro años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y recordó que la doctrina del Tribunal Constitucional «es proclive al reconocimiento de la prescripción de delitos».
Consideró que la sentencia manifiesta que su actuación política fue «correcta» y que «no hubo corrupción, ni cohecho ni tráfico de influencias». Afirmó que no tiene «miedo» ante un ingreso en prisión y aseguró que no pedirá un indulto. Además dijo sentirse apoyado por su familia y por «mucha gente del partido que era amiga antes y que sigue siéndolo ahora».EL PAÍS destaca hoy que Fabra «mantiene un cargo público en el puerto de Castellón pese a la condena». La Cámara de Comercio ha refrendado al expresidente provincial como secretario general al considerar que los delitos son «de su ámbito particular», refleja el diario.
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)