Junts pel Sí y la CUP iniciaron ayer los trámites para crear las ponencias parlamentarias que deberán elaborar las tres leyes de «desconexión» con el Estado.
Las formaciones secesionistas registraron en el Parlament las peticiones para elaborar las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social, previstas en la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Según el diputado de la CUP Benet Salellas son «los tres pilares para que la república catalana pueda existir».
Para intentar sortear una posible impugnación, Junts pel Sí y la CUP modificaron el nombre de las tres normas: la ley de Transitoriedad Jurídica pasa a denominarse de Régimen Jurídico; la de Hacienda Pública se ha convertido en la de la Administración Tributaria, y la de la Seguridad Social es la de Protección Social.
El diputado del PSC Ferran Pedret consideró «pueril» que Junts pel Sí y la CUP pretendan burlar la anulación de la declaración del 9-N con un cambio de nombre de las tres leyes del proceso soberanista, que, en su opinión tienen «muy pocas probabilidades de prosperar, desde el punto de vista jurídico y político». Desde el PPC, Xavier García Albiol, anunció que pedirá al Gobierno que impugne las tres leyes de «desconexión» con el Estado. El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara catalana, Fernando de Páramo, advirtió de que los soberanistas están aprovechando la «inestabilidad» en España para acelerar el proceso. El portavoz de Sí que es Pot, Joan Coscubiela, calificó de «trapicheo» y «juego de manos» la estrategia de Junts pel Sí y la CUP.
En respuesta a los grupos de la oposición durante su primera sesión de control parlamentario, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, subrayó: «Ustedes se han dado cuenta demasiado tarde de que la independencia iba en serio». Puigdemont advirtió, en respuesta a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, de que «el Govern no promoverá ni liderará la mejora de la financiación autonómica», y aclaró que de lo que se trata ahora es de «negociar» el «inicio del camino hacia la independencia», que, en su opinión, es el encargo del «pueblo de Cataluña». EL PAÍS destaca en su información de apertura que «Puigdemont aprovecha el vacío para cursar las leyes de secesión».
Por otro lado, la Audiencia Nacional va a investigar si las mociones municipales de apoyo a la resolución independentista aprobada por el Parlament el pasado 9-N obedecen a una «estrategia planificada y concertada» para «generar una situación de incumplimiento generalizado de la legalidad constitucional». El juez Ismael Moreno, de acuerdo con la Fiscalía, considera que esta supuesta concertación de decenas de Ayuntamientos catalanes para soslayar la Constitución podría constituir delitos de «rebelión» y de «sedición».
En otro orden de cosas, cinco votos de la CUP sirvieron para que el Gobierno catalán pudiera sacar adelante la prórroga de los presupuestos de 2015.
EL PAÍS 1,20/EL MUNDO 16/ABC 28/LA VANGUARDIA 1,21,22/EL PERIÓDICO 1,20/LA RAZÓN 1,22/CINCO DÍAS 29/EL ECONOMISTA 22
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)