El ministro de Economía, Luis de Guindos, compareció ayer a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar el proceso de resolución y venta al Santander del Banco Popular, que defendió como la solución más «rápida y eficaz» ante la falta de liquidez del banco por la fuga de depósitos, «sin que afecte al resto de la economía ni a las cuentas públicas».
Lo definió como «banco zombi» y argumentó que la alternativa «habría sido no abrir el banco y declarar un concurso de acreedores al día siguiente, con los evidentes perjuicios que eso hubiera conllevado en términos de retrasos e inseguridad».
Según De Guindos, a fecha de 5 de junio el Popular tenía «algo más de 60.347 millones en depósito, de los cuales 35.900 eran de personas físicas». Las sucesivas degradaciones de la calificación crediticia por parte de las agencias de rating precipitaron «el rápido proceso de deterioro del banco», ya que «estas rebajas siempre van acompañadas de importantes salidas de depósitos» por parte de los depositantes corporativos. El ministro admitió que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas retiraron «fuertes cantidades» de depósitos del Popular, aunque no así la Seguridad Social que, a día 7 de junio, «mantuvo un saldo muy superior a la media registrada en los últimos meses», que cifró en 1.098,5 millones de euros.
El ministro cuestionó las declaraciones y decisiones de los antiguos gestores de la entidad, como la ampliación de capital que el último presidente del banco, Emilio Saracho, anunció ante la Junta de Accionistas el 10 de abril sin detallar «un plan de actuación concreto». «Supongo que sus responsables estarán analizando qué ha fallado y qué no», señaló De Guindos. «Ha debido de hacer algo que ha fallado. A lo mejor teníamos que mirar más en la propia entidad», añadió, y consideró que ni el Gobierno, ni el Banco de España ni el Banco Central Europeo ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores son responsables de las decisiones de los gestores del banco. Asimismo apuntó que «la remuneración de los gestores debe ir acorde y en paralelo a la generación de valor para los accionistas, si eso se rompe, lo que se genera es desconfianza y desazón».
De Guindos anunció que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) «pedirá explicaciones» a la consultora PwC por aprobar las cuentas de 2016 sin salvedades y hacer una revisión a las pocas semanas en la que pedía más provisiones, lo que hundió en Bolsa la entidad y generó desconfianza en el mercado.
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó ayer una querella ante la Audiencia Nacional en nombre de los más de 305.000 accionistas, bonistas y otros inversores afectados reclamando responsabilidades penales contra Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora PwC y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios.
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)