El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la formación profesional que refuerza la transparencia y la capacidad sancionadora y crea una Unidad Especial de Inspección para evitar el fraude en los cursos y la obtención irregular de las ayudas. La reforma aparta a la patronal y a los sindicatos de la gestión de los cursos de formación, y su capacidad de actuación queda relegada al papel de participar en la «planificación» y «programación» de una oferta formativa que reciben unos 2,7 millones de asalariados y desempleados al año. Con la reforma, sindicatos y patronal ya no tendrá exclusividad a la hora de impartir los cursos ya que éstos se someterán a la libre concurrencia, abierta a todos los proveedores de formación.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la reforma ha sido debatida hasta la «extenuación» y que «incorpora aportaciones de todos». La ministra añadió que con el nuevo modelo los interlocutores sociales dejan de ser «juez y parte».
El nuevo modelo dota de instrumentos para dar visibilidad pública a los canales de denuncia y otorga a la Unidad Especial de Inspección la capacidad de desarrollar, anualmente, programas de control de acciones formativas. «Habrá tolerancia cero con el fraude», subrayó Báñez. Asimismo, se crea la Fundación Estatal para la Formación, que sustituye a la actual Fundación Tripartita, y cuyo Patronato está constituido al menos en un 51% por miembros de la Administración General del Estado. En el Patronato también estarán representadas las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales.
Cuando se trate de formación subvencionada sólo se adelantará el 25% de los fondos. Hasta ahora se podía adelantar el 100%, lo que, según la ministra, había dado lugar a irregularidades. El sistema aprobado se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación que aportan empresas y trabajadores de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También se beneficiará de las dotaciones previstas en el SEPE.
CCOO apuntó que la reforma otorga un papel «muy poco relevante» a los sindicatos y limita su participación a un «mero papel decorativo». UGT dijo confiar en subsanar en el trámite parlamentario «algunas carencias» del modelo, y aspira en que se plasme «con claridad» el papel de los interlocutores sociales. Para la secretaria de Empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, la reforma de la formación llega cuatro años tarde y sin consenso con los agentes sociales.
«El Gobierno saca a los sindicatos y las patronales de los cursos de formación», titula EL PAÍS. Para ABC, el Gobierno «aparta de la gestión de la formación a patronal y sindicatos». Según LA VANGUARDIA, la nueva reforma «relega» a sindicatos y patronal.
«Báñez cambia la formación para el empleo sin patronal y sindicatos», titula CINCO DÍAS. «Una reforma contra el ‘fraude’ en la formación», es el titular de EL MUNDO, mientras que LA RAZÓN apunta: «Control al fraude de los cursos de formación». Para EL PERIÓDICO, «Empleo alardea de más controles para el dinero de la formación».
EL PAÍS 23/EL MUNDO 28/ABC 2, 36, 37/LA VANGUARDIA 1, 61/EL PERIÓDICO 23/LA RAZÓN 1, 10, 11/CINCO DÍAS 1, 7/EL ECONOMISTA 1, 45
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)