El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico o la producción de energía utilizando energías renovables, especialmente solar y eólica.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió la nueva norma como un «impulso a las renovables». No obstante asociaciones, consumidores y partidos de la oposición criticaron la nueva ley, que grava el autoconsumo de energía desde los paneles solares (el llamado «impuesto al sol») y no recoge ninguna de las cerca de 40.000 alegaciones recibidas.
La norma hace una distinción entre el autoconsumo que no está conectado a la red eléctrica y el que sí lo está. En el primer caso, las instalaciones están exentas de pagar los impuestos y costes del sistema a los que sí están sujetos el resto de consumidores de energía eléctrica. En cuanto al autoconsumo conectado a la red eléctrica, los usuarios que viertan a la red la energía sobrante deberán asumir una parte de los costes del sistema así como los impuestos correspondientes. Según explicó el ministro, «si no fuera así, esos costes – unos 10.000 millones de euros al año – deberían repartirse entre el resto de consumidores, por lo que se encarecerían sus facturas actuales».
Por otro lado, se distingue entre las potencias de hasta 100 kV y las superiores. Las primeras podrán verter el sobrante de energía a la red, pero no recibirán nada a cambio. En caso de potencias superiores, se les comprará la electricidad al precio horario de ese momento.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideró que el real decreto «está ideado para impedir su desarrollo en España en vez de para su fomento» y lamentó que no se considere el balance neto, que compensa la energía que se envía al sistema con la que se recibe. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) señaló que «frena el desarrollo de la autoproducción de energía en lugar de promoverlo». La Asociación Nacional de Productores en Energía Fotovoltaica (Anpier) calificó la normativa de «esperpéntica» por haberse aprobado «sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible». Para la Asociación General de Consumidores (Asgeco), el Gobierno incurre» en una gravísima irresponsabilidad social y ambiental» al aprobar un real decreto de autoconsumo «restrictivo». Para el PSOE se trata de una norma «disuasoria» que «contraviene las recomendaciones de la Unión Europea».
EL PAÍS 1,41/ ABC 38,39/LA VANGUARDIA 68/EL PERIÓDICO 26/CINCO DÍAS 1,3/EL ECONOMISTA 40
ABC 30
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)