Según informa EL MUNDO en su portada, Mariano Rajoy ya ha dado por perdida la opción de reconducir la situación catalana por medio del diálogo. Ahora, dice el diario, la estrategia pasa por cortar de raíz cualquier medida con soporte jurídico que tenga como finalidad avanzar hacia la desconexión.
El foco está puesto en el decreto de convocatoria electoral que el presidente de la Generalitat debe firmar el 3 de agosto y que será publicado oficialmente al día siguiente. La convocatoria de las elecciones del 27-S coincidirá con el primer despacho veraniego de Rajoy con Felipe VI en Palma de Mallorca y con la remisión a las Cortes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado; unas cuentas con las que el Gobierno pretende dar oxígeno a las autonomías con 7.000 millones adicionales.
El Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Abogacía del Estado han recibido ya la señal de estar alerta. En las tres instancias habrá equipos dispuestos a actuar con celeridad si en el decreto de convocatoria se aprecia la más mínima señal que pervierta su objetivo natural: la celebración de unas elecciones autonómicas más para elegir un nuevo Parlamento. El Gobierno, en el mismo sentido, permanecerá movilizado. Entre las estrategias de defensa, finaliza el diario, no se descarta suspender la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución.
En la misma línea, LA VANGUARDIA señala en su portada que el Gobierno va a estudiar con detenimiento el decreto de convocatoria del 27-S y su propósito es recurrirlo si plantea las elecciones como un plebiscito. El Ejecutivo quiere dejar claro que se trata de unos comicios autonómicos. Por ello, tratará de evitar que el proceso electoral adquiera otro perfil desde el momento mismo de su convocatoria.
Desde una perspectiva jurídica, el Ejecutivo no tiene duda alguna de que el Tribunal Constitucional podría llegar a suspender las elecciones si se plantean con objetivos distintos a los de la formación de un Parlamento autonómico. El momento clave antes del 27-S llegará, por tanto, de la mano del decreto de convocatoria de las elecciones. El Gobierno, en todo caso, descarta utilizar en primera instancia la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En esta línea, considera que la Ley de Seguridad Ciudadana no está pensada para casos de conflictos políticos, ni sería el mecanismo adecuado de respuesta si se produjera una convocatoria plebiscitaria.
EL MUNDO 1, 4,5/ LA VANGUARDIA 1, 16,17
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)