Tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como el del Interior, Jorge Fernández Díaz, se manifestaron ayer en contra de la situación de desafío que se vive en Cataluña y mostraron la disposición del Gobierno a hacerla frente desde el mismo momento en que el Parlamento catalán apruebe el denominado «recurso de desconexión».
De forma inmediata, según anticipan varios diarios, se producirá la reunión urgente del Consejo de Estado para dar luz verde a su preceptivo informe al Gobierno, ya prácticamente redactado, para justificar el recurso de inconstitucionalidad. El martes o, a más tardar, el miércoles, se reunirá el Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. El jueves, el Tribunal Constitucional podría ordenar la suspensión de los acuerdos que contempla la resolución que previsiblemente será aprobada hoy por el Parlamento de Cataluña.
EL MUNDO apunta, en este sentido, que dependiendo de la respuesta del Parlamento catalán, el Gobierno podría ir adoptando más medidas de forma gradual, entre ellas suspender las remesas del Fondo de Liquidez Autonómico, recurrir penalmente contra los responsables de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, bien Artur Mas o la presidente del Parlament, Carme Forcadell, o incluso poner en marcha algunos apartados previstos en el artículo 155 de la Constitución, como el de retirar a la Generalitat la competencia sobre la actuación como Policía de Seguridad Ciudadana de los Mossos d’Esquadra, que pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior.
Representantes de varios partidos políticos se pronunciaron ayer, igualmente, en contra del proceso de secesión que se vive Cataluña, pidiendo al Gobierno que actúe. Así, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que «la moción independentista se tiene que recurrir al minuto uno, el Gobierno tiene que recurrirla y el Constitucional tiene que suspenderla y anularla». En su opinión, «Artur Mas es parte del problema, no es parte de la solución», así que, según dijo, «no puede ser presidente un señor que nos ha dividido en dos a los catalanes y que, además, tiene casos de corrupción tan claros que están imputados buena aparte de sus tesoreros y de la familia Pujol».
También sobre la cuestión catalana, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a apuntar como solución la reforma de la Constitución que propone su partido para hacer de España un Estado federal. Desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, aseguró que «tanto el Gobierno como el Partido Popular defenderán la unidad de España».
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)