La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en Barcelona en que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está dispuesto a dialogar con el de la Generalitat, pero sólo «dentro de la ley», por lo que descartó que pueda producirse un acuerdo que permita celebrar la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre.
«No podemos disponer lo que no pertenece a nadie, sino a todos los españoles, que es la soberanía nacional. No podemos autorizar lo que no depende de nosotros, ni podemos permitir que alguien decida o declare unilateralmente lo que a todos nos afecta», señaló en un acto de la precampaña electoral europea organizado por el PP de Cataluña. Sáenz de Santamaría reiteró que la consulta es «ilegal», y aseguró que el Gobierno «cumplirá con su obligación», por lo que «no puede haber y no habrá referéndum» en Cataluña.Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno del PP no permitirá que «ningún español sea extranjero en su propio país», y apeló a los numerosos vínculos que unen a España con Cataluña. «No hablamos sólo de vínculos jurídicos, hablamos de vínculos afectivos, hablamos de sentimientos, de cercanía, de cariño, de orgullo. Eso es lo que Cataluña despierta en toda España», afirmó. La vicepresidenta destacó las numerosas aportaciones del Estado a Cataluña, entre las que citó los 5.000 millones de euros en subsidios de paro para este año, los 12.000 millones en pensiones no contributivas o los 31.000 millones aportados al Fondo de Liquidez Autonómico en dos años. Además, recordó que Cataluña es la comunidad autónoma en la que más ha invertido el Gobierno en infraestructuras en las últimas dos décadas y la única que tiene conectadas todas sus capitales de provincia con AVE. «Los catalanes tienen derecho a saber qué se esconde detrás del derecho a decidir», proclamó. Y concluyó que «no hace falta celebrar una consulta para saber cuáles son los problemas de Cataluña: 800.000 parados y 180.000 personas en las listas de espera».
En el mismo acto, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, pidió a Mas que recupere la senda del diálogo institucional y le advirtió de que en una «sociedad plural» como la catalana las decisiones «unilaterales» sólo pueden generar división interna. La dirigente popular lamentó que CiU y ERC estén «utilizando las palabras», con su interpretación del fallo del Constitucional, para «manipular y querer imponer su deseo unilateral de ruptura». Para Camacho, el TC «habló muy claro» sobre la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña y, a su juicio, despejó cualquier duda sobre el hecho de que «la soberanía es la de España y la decisión sobre su futuro recae en todos los españoles».
Homs responde que el Gobierno no puede decidir qué es legal y qué no
El conseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, respondió a las declaraciones de Sáenz de Santamaría diciendo que el Gobierno no puede «erigirse en tribunal» para impedir a los catalanes que decidan su futuro político. «Estoy un poco sorprendido de que la vicepresidenta del Gobierno español y el Gobierno en su conjunto se erijan como un tribunal y nos digan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hasta lo que yo sé, en un Estado de Derecho eso toca decidirlo a los tribunales», señaló Homs.
EL PAÍS 1, 10/EL MUNDO 14/ABC 18/LA RAZÓN 1, 12/LA VANGUARDIA 1, 13/EL PERIÓDICO 18, 19/EL ECONOMISTA 36
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
– Más vídeos de noticias: