El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que recoge algunas de las medidas de carácter social anunciadas por el presidente en el Debate sobre el estado de la Nación y cuyo objetivo es aumentar la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente aquellos que no pueden hacer frente a sus deudas.
Con la llamada «ley de segunda oportunidad» el Ejecutivo pretende «conciliar intereses de acreedores y deudores mediante procedimientos con garantías que permitirán pagar deudas de forma ordenada», esto es, los particulares podrán aplazar pagos hasta cinco años, reestructurar deuda y aplicar una quita, algo que hasta ahora sólo podían hacer las empresas. Si alguien se declara insolvente podrá acudir a un mediador o proceso concursal, vender lo que tiene y dar así por saldada la deuda, aunque sus bienes valgan menos de lo que debe. Según apuntan los diarios, esta fórmula podría abrir la puerta a la dación en pago de la vivienda en el caso de las deudas hipotecarias. Quedan fuera las deudas contraídas con la Administración y las pensiones alimenticias, así como los gastos de los procesos legales.
El decreto prorroga hasta 2017 el Código de Buenas Prácticas bancarias, de manera que los bancos no podrán realizar ejecuciones hipotecarias a los colectivos más vulnerables, cuya base se amplía: los que ganen menos de 22.365 euros brutos y los mayores de 60 años. El texto aprobado elimina también definitivamente las cláusulas suelo para estos colectivos.
Además, el Gobierno aprobó otras medidas, como el decreto ley que exime del pago de la cotización a la Seguridad Social durante dos años de los primeros 500 euros de los nuevos contratos indefinidos y la bonificación durante un año del 100% de la cotización a la Seguridad Social de los autónomos que necesiten reducir su jornada para el cuidado de menores de 7 años o de personas dependientes.
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)