El exconsejero madrileño Francisco Granados declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la trama Púnica, que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 se pagaron gastos de «refuerzo» de la campaña de Esperanza Aguirre con fondos de la Comunidad de Madrid.
En su declaración a petición propia, Granados, que no aportó pruebas, atribuyó a Aguirre y a González todas las decisiones que se tomaban y dijo que la actual presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, estaba al tanto de las mismas.
A su salida de la Audiencia Nacional, Granados afirmó que «independientemente» de la campaña electoral del PP, que estaba «perfectamente contabilizada y legal», había «una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Aguirre» fuera del ámbito del partido. Señaló que esa estructura estuvo «en una primera fase a las órdenes de González y fue pagada a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid». Granados explicó que Cristina Cifuentes estuvo en el «núcleo de poder» que manejó estas campañas paralelas, y lo hizo hasta que terminó una supuesta «relación sentimental» con Ignacio González.
Según Granados, otras tres personas más constituían el núcleo de decisión de las campañas. En concreto, apuntó a Borja Sarasola, exconsejero de Transportes y exconsejero de Medio ambiente, Isabel Gallego, ex responsable de Comunicación del PP de Madrid y José de la Uz, actual vicesecretario general de Innovación del PP madrileño.
Granados señaló que no tiene pruebas ni documentos que detallen estas acusaciones. «Yo salgo y entro de los sitios con lo puesto, no me llevo papeles», argumentó. No obstante, añadió que lo dicho se puede comprobar.
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)