Las duras condiciones impuestas por los socios europeos a Grecia provocaron ayer el rechazo del ala más izquierdista de Syriza que tildó de «humillante» un acuerdo que «mantiene al país en un estatus de colonia de deuda».
«La batalla que ha librado en el exterior ahora empieza en casa», reconoció Tsipras. El ministro de Energía, Panagiotis Lafazanis, representante del ala radical de Syriza, pronosticó que en meses Grecia se verá forzada a convocar elecciones. También el ministro de Trabajo, Panos Skoudetis, reconoció que el acuerdo supone «un problema» para mantener la «mayoría gubernamental». Se espera que al menos 30 diputados de Syriza voten en contra del texto.
Tsipras también recibió la presión ciudadana. Al menos 500 personas se concentraron ayer por la tarde frente al Parlamento para expresar su rechazo al acuerdo, mientras que los empleados públicos anunciaron una huelga de 24 horas.
Por otra parte, el ministro de Economía griego, George Stathakis, sostuvo ayer que los depósitos están garantizados gracias a la recapitalización de los bancos que se pondrá en marcha por virtud del acuerdo alcanzado con los acreedores. El Ministerio de Economía confirmó que los bancos seguirán cerrados hasta el 15 de julio. Mientras, el Banco Central Europeo (BCE) celebró ayer una reunión extraordinaria en la que acordó no ampliar las inyecciones de liquidez a la banca griega hasta no conocer la reacción del Parlamento heleno.
Por otro lado, Grecia no pagó ayer el vencimiento debido al Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 450 millones de euros, lo que significa que su deuda con el organismo asciende a 2.000 millones tras su impago del pasado 30 de junio.
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)