El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dictó el pasado 16 de noviembre una instrucción en la que pide que se le informe, en el plazo de 10 días hábiles, de si el expresident del Govern Carles Puigdemont ha solicitado acogerse al estatuto de expresidentes de la Generalitat para poder cobrar la pensión que le correspondería por este cargo, unos 112.000 euros brutos anuales.
Según indican los diarios, dicha solicitud equivaldría a acatar de manera implícita la aplicación del artículo 155 de la Constitución y reconocer que no es el «presidente legítimo» de la Generalitat.
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)