Los primeros deberán estar, al menos, en la fase de embargo para que su nombre aparezca. Para poder publicar el listado, el Gobierno debe modificar la normativa tributaria, que de momento no lo permite.
El departamento considera que la lista generaría un «castigo social y una presión» sobre estos contribuyentes, que podría llevar en muchos casos, sobre todo en el de las empresas, a tener dificultades para seguir con su actividad, dado que socios o proveedores podrían conocer de forma inmediata si son morosos con la Administración y, por tanto, no contratar con ellos.
EL PERIÓDICO 23
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)