La Presidencia de IU descartó ayer la propuesta de intervenir la federación madrileña, como pedían casi todos los coordinadores regionales, entre ellos, el candidato a las elecciones generales, Alberto Garzón, como tampoco expulsar al portavoz de la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ni al del Ayuntamiento de la capital, Ángel Pérez.
Después de cinco horas de una reunión que los diarios coinciden en calificar de muy tensa, se optó por abrir un expediente a dichos portavoces, a quienes se les responsabiliza políticamente del comportamiento de los consejeros que la formación tenía en Caja Madrid y del escándalo de las tarjetas opacas.
Los periódicos enmarcan esta noticia no tanto como un correctivo ante un caso de corrupción, sino como un efecto de una división existente dentro de IU entre el sector partidario de la convergencia con Podemos, del que sería partidaria Tania Sánchez y Alberto Garzón, frente a los partidarios de preservar la identidad e independencia actual de la federación. Sobre este asunto, EL PAÍS, bajo el titular: «IU intenta frenar su descomposición en plena crisis por el efecto Podemos», destaca que el futuro de IU depende «en buena medida» de lo que ocurra en la Comunidad de Madrid. EL MUNDO titula en portada: «La vieja guardia impide que Tania Sánchez entregue IU a Podemos», mientras que en páginas interiores subraya que IU «acepta expedientar a los líderes regionales, pero se niega a ‘podemizar’ la formación».
ABC publica de forma destacada que «Sánchez y Garzón pierden el pulso en IU, que sólo expedienta a sus líderes en Madrid». Este rotativo, que incide en que «IU sigue desangrándose» por una «crisis interna», hace un análisis de la situación de la formación por comunidades (Andalucía, Extremadura, Cataluña y País Vasco), bajo el epígrafe: «la progresiva descomposición de IU».
En otro orden de cosas, ABC también informa que la sociedad del hermano de Tanía Sánchez incumplió la obligación de entregar los balances cinco años, hasta su liquidación. Este diario recuerda que, en relación con este asunto, el PP acusa a Sánchez de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, englobadas en una querella sobre la que se pronunciará previsiblemente en febrero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)