El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica, ha ordenado más registros en despachos y ordenadores del Canal de Isabel II y en la Consejería de Transportes.
El lunes, la Guardia Civil requisó la lista de los 31 contratos formalizados entre 2003 y 2013 por esa consejería y la constructora OHL.
Según destaca EL PAÍS, el juez «estrecha el cerco» sobre Esperanza Aguirre e Ignacio González y busca demostrar la conexión entre algunas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid durante las presidencias de ambos con la trama Púnica.
Por otra parte, el juez instructor acordó ayer abrir una pieza separada para investigar el supuesto delito de blanqueo de capitales por parte del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en la que constan 49 imputados entre concejales, exconcejales y asesores del PP municipal. Además, ha prorrogado el secreto de sumario del caso Imelsa, donde hay 80 investigados por amaño de contratos en varias Administraciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Según publica hoy EL MUNDO, «Rus vendía sus muebles a los constructores de la trama del PP».
EL PAÍS 15/EL MUNDO 14/ABC 25/LA RAZÓN 22
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)