La Fiscalía se querelló ayer en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y 13 exconsellers del Govern por rebelión, sedición y malversación, además de dirigir una segunda querella por esos mismos delitos al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.
En sendos escritos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pide que los querellados presenten una fianza solidaria de seis millones en concepto de responsabilidad civil, al tiempo que insta a la citación «urgente» de los veinte querellados y, en caso de incomparecencia, su «inmediata detención».
En las querellas, Maza hace un relato de los hechos presuntamente delictivos del Govern desde noviembre de 2015, cuando el Parlament aprobó el inicio del proceso soberanista, hasta la actualidad. A los querellados les acusa de alentar «una insurrección» y «un levantamiento violento» con el fin de celebrar el referéndum y consagrar la independencia, lo que, según señala, constituye un delito de rebelión -penado hasta con 30 años de cárcel-, que no exige que se esgriman armas, ni combate, ni actos de violencia graves», o «cuanto menos de sedición», castigado con un máximo de 15 años.
Para la Fiscalía, la resolución de los querellados de cometer el delito fue «firme», en tanto que procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición paro parte de las fuerzas del orden público».
Las querellas detallan también escenas de violencia que se vivieron en los colegios con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, cuando los miembros destituidos del Govern eran «plenamente conscientes» de que «la muchedumbre iba a protagonizar, como así ocurrió, actos de violencia material y física». La Sala de admisiones del Tribunal Supremo no ha concluido aún su análisis sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía. La deliberación, que comenzó a las 19.30 horas, se interrumpió hora y media más tarde y proseguirá hoy martes.
Por otra parte, el pleno del Tribunal Constitucional suspenderá hoy la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el Parlament, al acordar la admisión a trámite del incidente de ejecución del Gobierno en el que se advierte de los «evidentes efectos jurídicos y vinculantes» de dicha declaración. Lo hará en base al artículo 161.2 de la Constitución, invocado por el Ejecutivo en su incidente de ejecución, que garantiza la suspensión cautelar automática de las dos resoluciones aprobadas por el Parlament el viernes 27 de octubre para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente.
EL PAÍS 1, 18, 19/EL MUNDO 6-8/ABC 1, 16-19/LA VANGUARDIA 1, 20, 21/EL PERIÓDICO 4/LA RAZÓN 18, 19/20 MINUTOS 1, 2/EL ECONOMISTA 1, 10
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)