El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que presentará dos querellas criminales contra todos los miembros del Gobierno catalán por la convocatoria del referéndum y contra los miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum. Las querellas se presentarán en breve ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Maza anunció que ha dado instrucciones a las distintas fiscalías de Cataluña para que investiguen cualquier actuación dirigida a la organización de la consulta, y que se darán órdenes a las unidades de la policía judicial -citó expresamente a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra- para que intervengan «los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal», en referencia a urnas, papeletas y censos.
Para EL PAÍS, «la justicia acorrala a todos los responsables del referéndum». «(Casi) todo el peso de la ley», titula ABC. «Querella contra el Govern y retirada de urnas», es el titular de EL MUNDO. Por su parte, LA RAZÓN destaca que el Constitucional «apercibirá a 1.040 cargos y la Fiscalía requisará las urnas». LA VANGUARDIA apunta a «querella contra todos los miembros del Govern», mientras que EL PERIÓDICO titula en primera: «»El Estado se planta».
La Generalitat reaccionó ayer a las decisiones adoptadas por el Constitucional y por la Fiscalía. El presidente catalán, Carles Puigdemont, en declaraciones a 8TV, dijo que «no suspenderán la democracia en Cataluña ningún Consejo de Ministros, ningún tribunal, ni ningún órgano desprestigiado». En TV3, avisó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Constitucional y la Fiscalía de que organizará el referéndum. «Ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia», enfatizó. Puigdemont dijo que la reacción de Rajoy a la aprobación de la ley del referéndum demuestra que España «no es un régimen democrático».
Por su parte, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, denunció el «todos a una» del Gobierno, del Constitucional y de la Fiscalía, que «persiguen un proceso político». Turull defendió que el Govern no comete «ningún delito» porque la consulta es «legal».
El portavoz parlamentario de En Comú, Xavier Domènech, advirtió de que el «clamor» por la soberanía de Cataluña no se podrá suspender «nunca».
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)