La Generalitat no descarta recurrir ante los tribunales internacionales la impugnación del Gobierno al nuevo modelo de consulta del 9-N, una vez se haya agotado la vía en los tribunales españoles.
Así lo avanzó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. Un día después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciara que denunciará al Ejecutivo central «por abuso de poder», su portavoz insistió en que el Gobierno catalán no dará «ningún paso atrás» en la celebración de la consulta. «El recurso a la impugnación es un paso previo si después quieres ir a los tribunales internacionales», señaló Homs, que no quiso dar más detalles sobre las acciones legales de la Generalitat, que se acordarán en la reunión de su Ejecutivo del próximo martes.
Las acciones legales anunciadas por Artur Mas en defensa de la consulta soberanista tienen un escaso recorrido en los tribunales, según coinciden en señalar los juristas consultados por EL PAÍS. La premura del tiempo es el principal obstáculo a salvar por la Generalitat en las demandas que pudiera presentar contra el Gobierno de Mariano Rajoy por «abuso de poder» y en defensa de las competencias de la Administración autonómica en materia de participación ciudadana, los dos argumentos para recurrir que esgrimió el presidente de la Generalitat. A falta de la concreción de esas medidas legales, que se podrían aprobar en la reunión del Gobierno catalán de este martes, los juristas explican que la vía más rápida podría ser una demanda de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Es un proceso que se tramita de manera preferente y en el que se puede reclamar el pronunciamiento de la justicia en el plazo de 24 horas y la adopción de medidas cautelares urgentes.
El Tribunal Constitucional admitirá por unanimidad el próximo martes el recurso del Gobierno contra la consulta alternativa del 9-N. Según informa LA VANGUARDIA, en medios de la institución no se tiene la menor duda de que esa debe ser la decisión, a la vista de la impugnación presentada por el Gobierno y del dictamen que aprobó el pasado jueves la comisión permanente del Consejo de Estado. En ambos textos se apela al artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de las normas o actos recurridos por el Ejecutivo, cuando así se haya solicitado en la impugnación.
EL PAÍS 20/EL MUNDO 10/ABC 38/LA RAZÓN 24, 25/LA VANGUARDIA 1, 21, 22/EL PERIÓDICO 22, 23
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)