El Consejo General del Poder Judicial considera de «dudosa constitucionalidad» algunos de los artículos del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y propone su supresión, según destaca hoy EL PAÍS.
El informe elaborado por dos vocales -uno progresista y otro conservador- que votará el pleno del Consejo plantea que el texto establece criterios «excesivamente amplios» para justificar la intervención policial y rechaza que se justifique la denuncia de una autoridad o empleado público solo por la «mera sospecha» de que se produzcan perturbaciones.El Poder Judicial sostiene que la regulación de la identificación de personas podría ser inconstitucional, así como la posibilidad de practicar detenciones por faltas penales o infracciones administrativas. Asimismo rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones.
EL PAÍS 1,12
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
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