El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno contra el decreto-ley andaluz antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, al tiempo que ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del Ejecutivo central.
El pleno del Tribunal de Garantías, de este modo, ha tildado de inconstitucional parte del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda.
El TC considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de «coordinación de la planificación general de la actividad económica, al ser la medida concreta de la expropiación». Entre las claves de la sentencia que resumen los diarios, los magistrados consideran que la norma regula aspectos sobre el derecho a la propiedad, una materia vedada al decreto ley. La sentencia explica que el decreto aprobado por la Junta «obstaculiza» la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas.
En otro momento se incide en que al imponer al propietario de una vivienda «el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitual previsto por el ordenamiento jurídico», afecta al contenido esencial del derecho la propiedad de la vivienda, y entra así en un terreno «vedado» al decreto-ley y «reservado a la ley formal».
El Gobierno andaluz pidió ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que «se ponga del lado de las personas vulnerables» y retire el recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda. La titular de Medio Ambiente del Gobierno andaluz, María Jesús Serrano, dijo que la sentencia de Alto Tribunal es «polémica» porque, según señaló, no ha habido «unanimidad» de los magistrados.
EL PAÍS 22/EL MUNDO 15/ABC 2, 30/LA VANGUARDIA 35/EL PERIÓDICO 36/LA RAZÓN 1, 16/CINCO DÍAS 20
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
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