El grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a lo largo de la jornada de ayer a 32 personas en siete comunidades autónomas en la denominada operación Enredadera, tercera fase de la operación Madeja en la que la juez Mercedes Alaya investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos. Además, los agentes de la UCO practicaron registros en empresas y domicilios de una decena de provincias. La mayoría de las detenciones se produjeron en Andalucía, de una trama que, en connivencia con funcionarios y cargos públicos, obtenía contratos públicos de forma fraudulenta.
Entre los detenidos figuran una mayoría de funcionarios públicos y técnicos de ayuntamientos, diputaciones y del Ministerio de Fomento, así como varios políticos. En Sevilla ha sido detenido Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, de IU. En Jaén, ha sido arrestado el segundo teniente alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez, del PP.
En Zaragoza se han practicado dos detenciones en Zaragoza por presunta implicación en la adjudicación de contratos de Adif irregulares. En Canarias, la Guardia Civil arrestó al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y a un representante de la empresa Fitonovo de Gran Canaria. Ambos han quedado en libertad con cargos. Además, los agentes han arrestado a otras dos personas en Madrid, una en Badajoz y otra en Valencia.
Los detenidos están acusados de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Paralelamente al desarrollo de la operación, la juez ha citado a siete imputados en las operaciones previas para comunicarles la ampliación de la acusación, entre ellos los directivos de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón. Alaya ha decretado el ingreso en prisión bajo fianza de 180.000 euros para Juan Andrés Bruguera, director comercial de Fitonovo, al que imputa los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Según la Guardia Civil, Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó que la operación Enredadera demuestra que no hay impunidad y pidió confianza en la «ley y la política» para salir de la actual situación, ya que, en su opinión, no se puede caer en el «pesimismo autodestructivo» ni en la «complacencia» contra la corrupción. Así respondió durante una interpelación formulada en el Senado por el representante del Grupo Mixto Jesús Enrique Iglesias, quien le advirtió de la alarmante preocupación de los ciudadanos por los escándalos de corrupción y denunció que «no se está demostrando que quien la hace la paga».
LA RAZÓN lleva a su primera esta información que titula: «La Operación Madeja eleva a 307 los imputados en la Andalucía del PSOE». En páginas interiores, resalta que «el origen de la red estaba formado por políticos del PSOE e IU y funcionarios», y destaca que en el origen se encuentra «una supuesta financiación socialista ilegal».
EL MUNDO señala que «Alaya sospecha de mordidas de 155.000 euros a IU». Por su parte, ABC refleja que «la Guardia Civil desmonta una red de funcionarios corruptos en seis regiones». EL ECONOMISTA resalta que «la juez Alaya destapa la red corrupta que Fitonovo creó con PSOE, PP e IU». EL PAÍS dice que «Alaya dirige una operación anticorrupción con 32 detenidos en siete comunidades», LA VANGUARDIA destaca la «macrorredada de Alaya contra la corrupción» y EL PERIÓDICO informa de la caída de «una red de funcionarios que amañó contratos públicos».
EL PAÍS 1,21/EL MUNDO 1,10/ABC 1,22/LA VANGUARDIA 17/EL PERIÓDICO 22/LA RAZÓN 1,10-13/CINCO DÍAS 31/EL ECONOMISTA 23/AGENCIAS
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)