El PP no planteará «ninguna» batalla política contra la exhumación de los restos de Franco, pero pide que el decreto cumpla todas las garantías. Así lo afirmó la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, que pidió que el decreto del Gobierno «respete la legalidad » y que este asunto se lleve «con normalidad».
De igual modo, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, advirtió de que el PP revisará la legalidad del decreto ley para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, porque «vulnerar» la ley «no es asumible por ninguna sociedad democrática o un Estado de derecho». Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, manifestó que «reabrir viejas heridas no conducen a nada», y añadió que prefiere «mirar al futuro y en lo que tiene que pasar en España en los próximos 40 años y no en lo que ocurrió hace 40 años».
Ciudadanos defiende una «solución global» para el Valle de los Caídos con el objetivo de que se reconvierta el conjunto en un «espacio de reconciliación», según abogó ayer la portavoz de la ejecutiva y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas.
Por su parte, ERC ha advertido de que su apoyo al decreto ley depende de que el Ejecutivo se comprometa a anular las sentencias del franquismo, y especialmente la condena a muerte dictada al expresidente catalán Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940.
Mientras, el Arzobispado de Madrid insistió ayer en que la decisión sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco corresponde al Gobierno y a la familia, no a la Iglesia.
El Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo viernes un decreto ley para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Se trata de una modificación de la ley de Memoria Histórica que tendrá que ser convalidada por el Congreso en septiembre. Los diarios reflejan que el Ejecutivo ha optado por esta fórmula para evitar hipotéticas demandas judiciales de la familia. Una vez obtenido el visto bueno del Congreso, el control de constitucionalidad sobre los decretos leyes compete al Tribunal Constitucional. Los actores legitimados para interponer recurso ante el tribunal serían, en este caso, el Defensor del Pueblo o un mínimo de 50 diputados o 50 senadores, pero no directamente la familia Franco.
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)