El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó ayer que ni él ni nadie de su Ejecutivo presionó al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para forzar su dimisión. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, desvinculó «absolutamente» la renuncia del fiscal general de la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y defendió la actuación «autónoma» y «sin injerencias» de la institución.
Desde el PP, el vicesecretario general de Organización y Electoral, Carlos Floriano, garantizó que el Gobierno y su partido respetan la independencia de la Fiscalía General del Estado y la separación de poderes «recogida y salvaguardada» en la Constitución. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, admitió que la Fiscalía del Estado es una institución «compleja», sometida a «muchas presiones», pero negó que ·Eduardo Torres-Dulce estuviera «al servicio de los intereses del Gobierno». Además, dijo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es la persona «adecuada» para dar explicaciones tras la renuncia del fiscal general.
Precisamente, los grupos de oposición, que atribuyeron la dimisión de Torres-Dulce a presiones del Gobierno, reclamaron la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el Congreso para que explique las circunstancias de la renuncia. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, consideró una «muy mala noticia» la dimisión de Torres-Dulce, y subrayó que demuestra una «involución» en la división de poderes. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, se mostró convencido de que «el Gobierno ha forzado la dimisión» y responsabilizó directamente al presidente.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, tildó de «grave» la dimisión del fiscal general, que, en su opinión, se explica por las «desavenencias» con el Gobierno. El diputado de IU Gaspar Llamazares cree que el PP busca la «impunidad» para sus casos de corrupción. Al respecto, dijo que «no cabe mayor cinismo» que, por un lado, hacer un cántico a la lucha contra la corrupción, y por otro, cesar a Pablo Ruz y a Torres-Dulce. Alfred Bosch, de ERC, consideró que la dimisión se debe a que Torres-Dulce no ha querido contribuir a la «politización» y la «instrumentalización» que el Gobierno hace de la Fiscalía.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, reclamó la comparecencia del presidente del Gobierno, puesto que esta renuncia abre, a su juicio, «una crisis institucional». El portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo que espera «no tener que echar de menos» a Torres-Dulce.
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)