El presidente del Congreso, Jesús Posada, urgió ayer a resolver «cuanto antes» el régimen de protección jurídica que se aplicará a Don Juan Carlos una vez ceda la Corona para evitar que alguien pueda aprovechar para buscar «follón» en los medios o que partidos y asociaciones republicanas traten de «apuntarse un tanto en la lucha por la República» a través de querellas.
En una entrevista en la Cadena Cope, Posada condicionó el aforamiento de Don Juan Carlos a tener el aval de partidos políticos y consideró que prescindir de esa protección sería una «anomalía total» en un país con miles de aforados, al tiempo que recordó que el aforamiento conlleva una pérdida de la «inviolabilidad» ante la ley y consideró «excesivo» que pueda ampliarse a la comisión de delitos comunes o que trasciendan la actividad pública.El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, precisó que el aforamiento no es «en absoluto» un privilegio, puesto que significa una «limitación de derechos procesales», como el de recurrir a una segunda instancia.
EL PAÍS recuerda que «la mayoría de los aforados encausados acaban condenados o fuera de la política».
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)