El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, compareció ayer en el Senado para explicar el operativo policial desplegado en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1-O y sus acciones en dicha jornada.
Aseguró que la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado fue «legítima, profesional y proporcionada» y defendió que fue motivada por la «absoluta pasividad y poca colaboración» de los Mossos d´Esquadra, de quienes puso en duda su «diligencia». «En ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos», aseveró, tras detallar que los agentes encontraron «una resistencia pasiva perfectamente organizada y coordenada» por el Govern, al que acusó de «soliviantar la calle». «En los colegios había muchos ciudadanos pacíficos, pero entre esas personas se infiltraron muchos radicales perfectamente organizados», dijo, y aun así los agentes trataron de causar «los mínimos daños» posibles. «Lamento los heridos, pero los culpables son los que les incitaron a votar», subrayó.
El titular de Interior ofreció datos sobre las incidencias de la jornada. Policía Nacional y Guardia Civil acudieron a 113 centros y casi un centenar no llegaron a abrir ante su presencia, «solo hubo problemas» en 11 y en 54 se empleó la fuerza para retirar manifestantes. En cuanto al número de heridos, destacó que sólo hubo cinco graves, frente a los 1.066 que contabilizó la Generalitat y entre las fuerzas policiales hubo 11 heridos y 431 contusionados. «Contaron como agresiones hasta las ansiedades por ver las imágenes en televisión, se mezclaron heridos con atendidos», indicó. Detalló que sólo se usaron pelotas de goma en un colegio y que la persona herida en un ojo previamente arrojó una valla contra los furgones policiales. «Lamento el incidente», se disculpó.
Por otra parte, cifró en 87 millones de euros el coste del operativo para las arcas del Estado, que duró 105 días y desplegó cerca de 6.000 agentes. Lo más costoso fueron los barcos contratados para albergar a los policías: 26,5 millones, más otros 6,3 millones en distintos alojamientos. La manutención ascendió a 10,3 millones y los viajes a 105.780 euros. «Es una cantidad muy importante que tenemos que pagar todos los españoles por la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista», lamentó.
El PSOE no cuestionó la actuación policial, pero sí la gestión del Gobierno. «Faltó previsión y sobró improvisación», acusó el senador Francisco González Cabaña, quien también resaltó la ineficacia a la hora de localizar las urnas. «No tenemos ciencia exacta de cómo llegaron las urnas pero no cabe hablar de ineptitud», se defendió Zoido. Los portavoces de PDECat y ERC hablaron de «violencia de Estado» y acusaron al Gobierno de «reprimir un ejercicio democrático». El representante de En Comú Podem lamentó que no se haya constituido una comisión de investigación parlamentaria sobre el 1-O.
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)