Presión judicial sobre las empresas catalanas que trabajan para la independencia

La Nube / 7 abril 2017

La presión judicial sobre las empresas que trabajan para la Generalitat añade dificultades al plan independentista del presidente catalán, Carles Puigdemont, según destaca EL PAÍS.

(Foto: Asamblea Nacional Catalana)

los proveedores son conscientes de las posibles consecuencias penales de prestar servicios que sirvan para impulsar el proceso. El diario apunta que algunas empresas están dispuestas a dar un paso atrás, e incluso renunciar a contratos públicos conflictivos, lo que puede suponer una traba adicional para desarrollar las estructuras del Estado e incluso una eventual organización de un referéndum.

Por otro lado, el Tribunal Supremo rechazó la petición del exconsejero de Presidencia catalán Francesc Homs de suspender su condena un año y un mes de inhabilitación hasta que el Constitucional resuelva el recurso que ha presentado. Asimismo, le recuerda que la pena le impide ser eurodiputado u ocupar otro cargo público en la UE.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)