La Guardia Civil detuvo a 14 personas y se crea una gran tensión en Cataluña

/ 21 septiembre 2017

La Guardia Civil detuvo ayer a 14 personas, entre ellos el número dos de Oriol Junqueras y otros miembros del equipo del vicepresidente del Govern, practicó 41 registros, seis de ellos en sedes oficiales de la Generalitat y se incautó de 9,8 millones de papeletas para votar en la consulta del 1-O, almacenadas en una nave industrial del polígono de Can Barris.

Puigdemont, con Junqueras y Forcadell (Foto: Generalitat)

Puigdemont, con Junqueras y Forcadell (Foto: Generalitat)

La operación se produjo por mandato de un juez de instrucción de Barcelona que investiga a una veintena de personas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Los diarios coinciden en señalar que con esta acción de la justicia el Estado «desactiva» el referéndum.

Los agentes de la Guardia Civil se presentaron a primera hora de la mañana en la sede del Departamento de Economía y Hacienda que dirige Oriol Junqueras y detuvieron al secretario general de la Consejería, Josep María Jové; al secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; al director de Patrimonio, Francesc Sutrias y a la directora de Servicios de Vicepresidencia, Natàlia Garriga. Además se registraron las sedes de Exteriores, Trabajo y Gobernación. Otros detenidos del Govern son Joan Ignasi Sánchez, asesor del gabinete de la conseller de Gobernación; el responsable del Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Josué Sallent y el responsable del área de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Generalitat, Xavier Puig Farré. Otros de los detenidos pertenecen a empresas vinculadas a la elaboración de material electoral para el referéndum. Tres de los detenidos se negaron a declarar ante la Guardia Civil y fueron puestos en libertad bajo la condición de investigados, a la espera de ser citados por el juez.

Miles de personas se concentraron durante todo el día en las diferentes sedes registradas para protestar por la operación policial. La más numerosa fue la de la Consejería de Economía, en Rambla Catalunya. En la de Exteriores, en Via Laietana, un grupo de manifestantes zarandeó y lanzó botellas a un coche de la Guardia Civil. Los Mossos d´Esquadra tuvieron que proteger a los agentes de la Benemérita, increpados por los manifestantes, que hicieron sentadas para impedirles el paso y les lanzaron objetos.

Las concentraciones se extendieron a docenas de localidades en toda Cataluña a última hora de la tarde. También hubo movilizaciones en otras ciudades españolas. En la Puerta del Sol de Madrid se concentraron unas 800 personas, según la Delegación de Gobierno, convocadas por la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir, apoyados por dirigentes de Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís, pese a que la protesta carecía de autorización.

En la sede de la CUP en Barcelona se personaron varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía con la intención de requisar carteles del referéndum, aunque no tenían orden judicial. Los empleados cerraron las puertas y el partido llamó a la movilización de sus militantes. Se presentaron unas 2.000 personas, que impidieron la entrada de la policía.

Paralelamente, el PSC denunció un ataque a una de sus sedes en Barcelona, a la que arrojaron ladrillos y donde dos vigilantes de seguridad fueron agredidos.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda activó la intervención financiera de la Generalitat después de que el ministro firmara la orden de no disponibilidad presupuestaria de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017, de manera que es el Gobierno central el que controla desde ayer todos los pagos de esta comunidad. Según explicó el ministro, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados, estas medidas «van a estar en vigor de manera indefinida, unos meses o el tiempo que sea necesario». Aseguró que «las nóminas no están en peligro» y que se trata de «un control de pagos» para que «no se destinen recursos públicos a financiar algo ilegal». «Estas medidas correctoras y coercitivas son proporcionales al riesgo que combaten», dijo. Ayer la interventora de la Generalitat remitió a Hacienda el informe de gastos correspondiente a la semana del 10 al 17 de septiembre.

Por su parte, el Tribunal Constitucional anuló ayer de manera definitiva los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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