Los guardias civiles, indignados tras meses investigando a los abogados de presos de ETA

/ 10 enero 2014

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), asociación que engloba a todas las escalas y empleos de la Guardia Civil, transmite en un comunicado su desánimo e indignación por la prematura nota de prensa del Ministerio del Interior, sobre la operación antiterrorista llevada a cabo contra el denominado “frente de cárceles” (makos). Ese ‘adelanto’ causó esa sensación a los miembros de la Guardia Civil, y en particular, sobre los agentes que durante meses han estado investigando a los abogados de presos etarras que presuntamente transmitían las órdenes de ETA a sus presos.

Operación de la Guardia Civil (Foto Guardia Civil)

Operación de la Guardia Civil (Foto Guardia Civil)

Texto del comunicado:

La operación, tutelada por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, se vio afectada de lleno debido a la temprana publicación de una nota de prensa del Ministerio del Interior que daba cuenta de la operación que aún no se había iniciado, y que traía cuenta de la realizada tres meses antes contra Herrira. Ello provocó que no todos los objetivos fuera detenidos, aunque si los ocho principales, y que algunos de éstos comenzaran a destruir pruebas.

Despiste o no, la grave afectación a la operación de la anticipada nota de prensa del Ministerio del Interior es evidente. Y no es aceptable bajo ningún concepto que se produzcan hechos de esta magnitud, y menos aún que no se haya dado una pública explicación, y que en su caso, se depuren las responsabilidades a que haya lugar.

¿Quién y por qué informó anticipadamente de la operación? En este sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que coordinaba también la operación de ayer, ha abierto hoy diligencias informativas por este hecho y ha solicitado un informe al Ministerio del Interior. Presuntamente, la explicación que habría dado el Ministerio del Interior es que se trató de un “error humano”. Pues bien, si ese “error humano” lo hubiera cometido un Guardia Civil seguramente el castigo sería ejemplar.

Así pues, viene al caso recordar que el vigente Código Penal establece que “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para terceros, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años”. E igualmente, que existe un régimen disciplinario aplicable al personal funcionario.

Desde AEGC, exigimos al Ministerio del Interior una urgente y pública explicación de lo ocurrido, pedimos que se depuren las correspondientes responsabilidades, e instamos a que se priorice el éxito de las operaciones sobre el exceso de celo informativo. Si bien la ciudadanía debe ser informada de todos los operativos que se llevan a cabo, las informaciones no pueden en ningún caso interferir en el desarrollo de los operativos judiciales y policiales.
Madrid, a 09 de enero de 2014. Gabinete de prensa de AEGC.


(Fuente: AEGC)

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