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La exigencia de presentar declaraciones de Hacienda sólo por Internet genera un caos
La Nube / 29 enero 2014La Agencia Tributaria ha tomado la decisión de prohibir las declaraciones en formato papel de las liquidaciones trimestrales y anuales de IVA. UGT ha denunciado que esta decisión se ha adoptado sin establecer ningún sistema de adaptación. Como consecuencia, se han producido situación caótica y tensas entre los trabajadores de la Agencia y muchos contribuyentes que han acudida a presentar sus declaraciones de la forma habitual.
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha remitido una carta al Director de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, donde denuncia que esta medida supone un nuevo recorte de servicios a los ciudadanos y le solicita la ampliación extraordinaria del plazo de presentación de estas declaraciones, así como la habilitación de ventanillas especializadas de información y asistencia y de los medios técnicos necesarios para aquellos contribuyentes que no dispongan de los mismos.Además, el sindicato advierte en el escrito, de que la medida puede vulnerar la legalidad vigente, entre otras la ley 11/2007. Esta norma considera el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos un derecho, no una obligación. Sólo en el caso de las personas jurídicas y algunos colectivos de personas físicas con “capacidad económica o técnica, dedicación profesional y otros motivos acreditados que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos”. En este sentido, UGT ha señalado que la nueva medida no hace distinciones entre personas jurídicas y físicas y establece como habitual lo que deberían ser casos excepcionales.
El responsable del sindicato UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto, ha señalado que “no se puede permitir una falta de previsión de esta magnitud”. Soto ha denunciado que el objetivo último de la Agencia sería “privatizar el servicio de atención, información y asistencia al contribuyente, un nuevo recorte que tendrá un coste medio de 100 euros para ciudadanos que se vean obligados a recurrir a gestores o asesores privados por un servicio que antes prestaba la Agencia.
UGT señala que esta privatización no es la única. En la campaña de la renta 2012, los servicios prestados por la Agencia se disminuyeron notablemente. Según informa el sindicato, se redujo la duración del servicio de información y también los supuestos donde se podría prestar asistencia y colaboración a los ciudadanos para presentar sus declaraciones de IRPF.
(Fuente: UGT)














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