El Tribunal Constitucional dice que Cataluña no puede convocar un referéndum soberanista

La Nube / 26 marzo 2014

El Pleno del Tribunal Constitucional anuló ayer por unanimidad la declaración aprobada en el Parlamento catalán en enero de 2013 que definía a Cataluña como «sujeto jurídico y político soberano», aunque reconoce el derecho a decidir si se lleva a cabo en el marco de la legalidad constitucional.

Artur Mas y Rajoy en Moncloa (Foto Moncloa)

En la sentencia, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno, de manera que declara «inconstitucional y nulo» el principio primero de la declaración, según el cual «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano».

El Constitucional considera que una comunidad autónoma «no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España». Añade, que la Constitución no contempla «el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano», ya que ello es incompatible con su artículo 2 (sobre la indisoluble unidad de la nación española), y que lo contrario supondría conferir a Cataluña «el poder de quebrar, por su sola voluntad», dicha unidad.

Por otra parte, el tribunal declara constitucionales las referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña», y que considera que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución. El TC cree que estas referencias al derecho a decidir suponen una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de «legitimidad democrática, pluralismo y legalidad» expresamente proclamados en la declaración en estrecha relación con el «derecho a decidir».

Antes de conocer el fallo, la mesa del Parlamento catalán acordó recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y a otros dos magistrados, Pedro González-Trevijano y Enrique López, de cara a posicionarse sobre la Declaración de Soberanía, por considerar que tenían una «falta de imparcialidad e independencia».

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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