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Artur Mas acusa al Gobierno de «tener actitudes claramente poco democráticas»
La Nube / 25 octubre 2014El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusó al Gobierno de «tener actitudes claramente poco democráticas» y poner «un campo de minas» para evitar la consulta del 9 de noviembre. En una entrevista con el diario Ara, Mas respondió de esta manera a la noticia de que el Gobierno ha encargado a los servicios jurídicos del Estado un informe sobre todas las actuaciones encaminadas a la convocatoria de dicha consulta.
Mas no se mostró preocupado por una posible impugnación, ya que, dijo, la Generalitat «se lo está poniendo mucho más difícil al Estado para que se agarre a alguna cosa concreta para cargarse» la consulta. Recordó que el proceso participativo no depende de ninguna «norma concreta» y que el Constitucional «suspende normas y actas». El presidente catalán señaló que «hace pocos días se reían» de la consulta alternativa, que tildaban de «sucedáneo», pero que ahora ya «no se ríen tanto», al ver que «va en serio, toma cuerpo, que hay miles y miles de voluntarios». Mas definió el 9-N como «un día ‘D’ de la democracia en Cataluña».
El Gobierno de la Generalitat puso ayer en marcha la campaña de comunicación sobre el «proceso de participación» del 9-N. Una campaña que el Ejecutivo catalán define como «puramente informativa». El secretario de comunicación del Govern, Josep Martí, el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, y el de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep María Vila d’Abadal, presentaron la campaña, que, según subrayó Martí, no «incita ni siquiera» a la participación. Asimismo, negaron que el Govern esté presionando a alcaldes y funcionarios para que faciliten locales que sirvan como colegios electorales.
Partidos políticos y cerca de 3.000 entidades que participan en el Pacto Nacional por el derecho a Decidir se emplazaron ayer a trabajar conjuntamente para garantizar el éxito de la consulta alternativa. La comisión permanente del Pacto se reunió en un acto encabezado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Los soberanistas reclamaron una «gran movilización», y pretenden impulsar una recogida de firmas el mismo día de la consulta para «denunciar» al Gobierno ante las instituciones europeas.
EL PAÍS dice que la Generalitat otorgará a los funcionarios públicos que se han inscrito como voluntarios tareas de responsabilidad en las mesas y los colegios electorales. Juristas consultados por este diario consideran que eso los sitúa en el límite de la legalidad. Por su parte, EL MUNDO refleja que alcaldes del PP piden «garantías legales» ante la presión por el 9 de noviembre. De igual modo, ABC apunta que «la escuela catalana exige órdenes por escrito para organizar el 9-N».
Entretanto, el líder de Uniò, Josep Antoni Duran Lleida, insistió ayer en agotar la legislatura porque a nadie le interesa un adelanto electoral.
En otro orden de cosas, el banco británico Barclays publicó ayer un informe sobre las implicaciones económicas de una hipotética independencia de Cataluña. Barclays muestra su extrañeza por la tranquilidad de los mercados ante esta eventualidad.
EL PAÍS 1,11,12/EL MUNDO 1,12,13/ABC 22,23/LA VANGUARDIA 1,12-14/EL PERIÓDICO 1,18,19/LA RAZÓN 16-19/AGENCIAS
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)














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