El Supremo investigará a Chaves y Griñán por el ‘caso de los ERE’

La Nube / 14 noviembre 2014

El Tribunal Supremo (TS) ha atendido al criterio de la Fiscalía y decidió ayer investigar la posible implicación en el caso de los ERE de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de tres exconsejeros que, como ellos, tienen la condición de aforados: los parlamentarios José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, y la senadora Mar Moreno. El Supremo considera que «en una valoración muy provisional» los hechos señalados por la juez instructora Mercedes Alaya «pudieran ser delictivos» y tipificados de forma inicial como prevaricación y malversación de fondos.

Griñán (Foto: web oficial Moncloa)

La Sala Segunda del Alto Tribunal considera «imprescindible» continuar la investigación y avala la tesis sostenida por la magistrada de que la cúpula del Ejecutivo regional implantó un sistema irregular, que permitió «disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros», sin sujetarse a procedimientos y controles propios de las subvenciones, que era como debieron tramitarse dichas ayudas.

De esta forma y dada la «absoluta discrecionalidad» del procedimiento diseñado, el destino de estas cantidades de dinero «se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargo de la Junta o del PSOE andaluz·», recoge el Supremo. En su auto, el Tribunal nombra un instructor, Alberto Jorge Barreiro, que será quien investigue y determine si existen indicios consistentes, o principios de prueba de la participación en ellos de las personas»aforadas para citarles a declarar como imputados.

En un comunicado conjunto, Chaves, Griñán y los otros tres parlamentarios han anunciado que van a solicitar su declaración ante el juez instructor «de forma voluntaria lo antes posible». Los parlamentarios aforados recalcan que el auto del Supremo señala que se «investigará el fondo de ayudas a empresas, pero no establece ni señala imputación ni culpabilidad alguna». Por ello, consideran que la decisión del Alto Tribunal es «un paso esencial para que se aclare este asunto». A su vez, se muestran convencidos de que, una vez que la investigación está en manos del Supremo, «les brinda la oportunidad de poder aclarar ante esta instancia todo lo relacionado con la gestión de estas ayudas y su participación en la concesión de las mismas».

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)